Jair FigueroaLa iniciativa para eliminar las pensiones doradas de altos funcionarios del gobierno federal avanza en el Senado de la República luego de que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaran que votarán a favor de la propuesta presidencial para limitar esos beneficios. El anuncio se realizó este martes previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política, en medio del debate sobre el costo de las pensiones más altas financiadas con recursos públicos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, confirmó que su bancada respaldará la propuesta, al considerar que resulta injustificable que algunos exfuncionarios reciban pensiones de hasta un millón de pesos mensuales. Sin embargo, criticó la forma en que fue planteada la iniciativa y advirtió que contiene problemas técnicos que deberán revisarse durante la discusión legislativa.
Según explicó, la propuesta busca establecer un límite a las pensiones tomando como referencia el salario de la presidenta de la República. Para el senador, ese criterio podría generar distorsiones, ya que cualquier cambio en el sueldo presidencial impactaría directamente en el monto máximo permitido para las pensiones. Anaya sugirió que el tope debería fijarse en Unidades de Medida y Actualización (UMA), como ocurre actualmente con las pensiones del IMSS y del ISSSTE.
En la misma línea se pronunció el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien adelantó que su bancada también votará a favor de eliminar las pensiones doradas. No obstante, señaló que durante el debate se deberá analizar el tema de la retroactividad de la reforma, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en resoluciones previas que los cambios constitucionales no pueden aplicarse a situaciones ya consolidadas.
Movimiento Ciudadano también manifestó su respaldo a la iniciativa, aunque su coordinador, Clemente Castañeda, advirtió que la propuesta aborda solo una parte del problema del sistema de pensiones en México. A su juicio, el verdadero reto se encuentra en la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto, que enfrenta presiones crecientes por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto público destinado a jubilaciones.
El debate sobre la eliminación de pensiones doradas se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda legislativa, ya que busca limitar beneficios considerados excesivos para exfuncionarios y abrir la discusión sobre el uso de recursos públicos en el sistema de pensiones del país.
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