Jair FigueroaLa renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), presentada este jueves y aceptada por el Senado con 74 votos a favor y 22 en contra, generó un intenso frente político. Desde la oposición surgieron acusaciones que señalan a liderazgos de Morena como operadores de la salida del fiscal, mientras el oficialismo sostiene que la renuncia fue “voluntaria” y motivada por una propuesta diplomática.
Acusaciones de intervención política en la FGR
Desde temprano, legisladores de partidos opositores afirmaron que la salida de Gertz no fue un acto aislado, sino el resultado de presiones políticas vinculadas a decisiones internas del gobierno federal y a investigaciones sensibles dentro de la institución.
Fuentes parlamentarias señalan tres factores que habrían acelerado la decisión: una reunión entre representantes de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum el 26 de noviembre, una carta enviada días antes cuestionando la conducción de la fiscalía y el contexto de expedientes que involucran a personajes cercanos al oficialismo.
La versión oficial, sin embargo, sostiene que Gertz Manero renunció por motivos personales para aceptar una propuesta de embajada en el extranjero.
PRI denuncia “golpe a la autonomía”
En tribuna, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó la renuncia como un “golpe a la autonomía” de la FGR. De acuerdo con su postura, la salida del fiscal responde a razones políticas y no a criterios de desempeño institucional.
Moreno respaldó la gestión de Gertz y criticó que el oficialismo busque, según dijo, colocar a una figura más alineada con el nuevo gobierno federal. También señaló que el proceso se dio con premura y sin un análisis profundo sobre la situación interna de la Fiscalía.
Para el dirigente priista, la coyuntura refleja una tendencia hacia la concentración de decisiones en el Ejecutivo y en las mayorías legislativas afines.
Señalamientos de “hiperpresidencialismo»
La senadora Claudia Anaya, también del PRI, advirtió que la salida del fiscal se inserta en un patrón de presión hacia organismos autónomos. Calificó el episodio como parte de un esquema de “hiperpresidencialismo” que, afirmó, ha reducido el margen de operación independiente para instituciones clave del Estado.
Anaya cuestionó que el debate en el Senado se haya realizado sin un consenso previo en la orden del día y acusó opacidad en la discusión. Para ella, el proceso refleja una tendencia más amplia: el uso de mayorías legislativas para redefinir el funcionamiento de organismos autónomos.
Senadoras de oposición exhiben carta como evidencia
Un grupo de senadoras de oposición, entre ellas Xóchitl Gálvez, señaló que existe evidencia de presión política mediante una carta enviada por representantes de Morena a la presidenta para cuestionar la conducción de la fiscalía.
De acuerdo con su postura, este documento representaría una interferencia indebida, ya que la FGR es autónoma y no está sujeta a instrucciones del Poder Ejecutivo ni de coordinaciones parlamentarias.
Las legisladoras advirtieron que la sucesión en la FGR podría estar siendo negociada por cúpulas políticas, lo cual, de confirmarse, afectaría la independencia del Ministerio Público federal.
PAN y Movimiento Ciudadano alertan sobre “blindaje”
En sus intervenciones, senadores del PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la renuncia del fiscal ocurre en un contexto donde existen expedientes relevantes abiertos en la FGR.
Entre los casos mencionados se encuentran investigaciones por presuntas operaciones de “huachicol fiscal”, así como carpetas relacionadas con personas y operadores previamente vinculados a escándalos de corrupción y contrabando.
Para estas bancadas, la salida de Gertz podría haber sido una forma de reconfigurar el control interno de la Fiscalía antes de que se definan los avances de estos casos.
Morena rechaza presiones y respalda proceso
Desde Morena, legisladores reiteraron que la renuncia fue plenamente voluntaria y que el fiscal comunicó su decisión al Ejecutivo al aceptar una designación diplomática. Según esta postura, el proceso se ha llevado a cabo conforme a lo establecido por la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Senado tendrá la última palabra en la designación del nuevo titular de la Fiscalía, conforme al procedimiento establecido y con apego a criterios institucionales.
Por ahora, el proceso de sucesión en la FGR abre una nueva disputa entre oposición y oficialismo, en un contexto donde los equilibrios entre poderes y organismos autónomos se encuentran nuevamente en debate nacional.
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