La ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha dado un paso significativo al abrir tres nuevas consultas sobre la constitucionalidad de la reciente reforma judicial. Con estas, se eleva a siete el número de consultas relacionadas con este tema que ha admitido Piña Hernández, aunque ninguna ha sido aprobada hasta el momento.
Los recursos admitidos provienen de funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, quienes solicitan que el Pleno de la Corte evalúe la validez del decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales. Argumentan que esta reforma vulnera el principio de separación de poderes y la autonomía del poder judicial, además de cuestionar la esencia misma de la república.
En la solicitud, los promoventes subrayan la necesidad de que los jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, una medida que consideran fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial. Este planteamiento se basa en la preocupación de que la reforma, tal como está, podría socavar la legitimidad y la estructura del sistema judicial en el país.
Los proyectos han sido asignados a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien ahora tiene la responsabilidad de llevar a cabo la consulta entre los miembros del Pleno de la Corte. Esta etapa es crucial, ya que la SCJN tendrá que determinar si se avanza en el análisis de la constitucionalidad de la reforma.
