Filiberto Cruz MonroyEn México, el reclutamiento y explotación de menores de edad por parte del crimen organizado es una realidad alarmante. Según el informe «Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México» de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, al menos 460,000 niños han sido reclutados por organizaciones criminales para realizar actividades ilícitas, como parte de un fenómeno que sigue creciendo en diversas regiones del país.
Los cárteles más involucrados en el reclutamiento infantil son Los Zetas, Del Golfo, La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. A cambio de que los menores realicen actividades delictivas, los grupos criminales les ofrecen salarios que van de 250 a 500 pesos diarios, lo cual resulta un incentivo para las familias en situación de extrema vulnerabilidad. Este tipo de prácticas es una manifestación de la creciente violencia y pobreza en las zonas controladas por estos cárteles.
El informe destaca que siete entidades concentran el 55% de la población infantil y adolescente en riesgo de ser reclutada. Entre ellas se encuentra Michoacán, un estado con un alto índice de vulnerabilidad, donde el 6.5% de los menores de 18 años están en riesgo de ser captados por grupos delictivos. Michoacán, con más de 2.6 millones de menores de 18 años, enfrenta una de las situaciones más críticas, con 12.9% de su población infantil considerada vulnerable. De este porcentaje, el 26.3% está bajo amenaza directa de reclutamiento debido a los altos índices de violencia y pobreza.
Las víctimas del reclutamiento infantil se encuentran principalmente en comunidades marginadas, donde las familias están desintegradas y los menores carecen de acceso a educación y servicios básicos. En estos entornos, los niños y adolescentes son secuestrados, vendidos o coaccionados para unirse a los cárteles, a menudo sin opciones de escape. Las niñas, en su mayoría, son explotadas sexualmente, mientras que los niños son obligados a participar en delitos como distribución de drogas, secuestros y homicidios.
Los datos del informe también revelan que de 2015 a 2020, un promedio de 33.2 niños desaparecieron anualmente, con 10.3 víctimas de secuestro y 3.7 niños involucrados en trata. De 2018 a 2019, un promedio de 358.5 menores estuvieron involucrados en conductas antisociales, lo que subraya la magnitud del problema. Los especialistas del estudio señalan que los grupos criminales apuntan a los menores debido a que por ley reciben condenas menos severas que los adultos, lo que los convierte en objetivos vulnerables para actividades ilícitas.