Héctor O. CarriedoLos disturbios en Los Ángeles (LA) comenzaron el 6 de junio, debido a las redadas migratorias masivas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de la política migratoria de la administración de Donald Trump. Se enfocaron en detener a inmigrantes presuntamente indocumentados en lugares de trabajo y barrios con alta densidad de población latina, como Paramount, provocando indignación en la comunidad hispana por considerarlas agresivas y desproporcionadas, ya que se percibieron como un intento de separar y amedrentar a trabajadores y familias.
Las protestas de la comunidad hispana escalaron a algunos enfrentamientos cuerpo a cuerpo con agentes federales que usaron gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras para dispersarlos. Los encuentros con las fuerzas federales de contención subieron el tono de las manifestaciones, por lo que algunos manifestantes arrojaron piedras, incendiaron vehículos de los cuerpos de seguridad y bloquearon la autopista 101.
Trump, en una acción sin precedentes en 60 años, ordenó el envío de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional a LA el sábado 7 de junio, invocando el Título 10 que le permite enviar tropas federales sin el consentimiento del gobernador del estado. Posteriormente, se sumaron 700 marines y otros 2,000 soldados, en total 4,700 efectivos.
La decisión de Trump de desplegar tropas sin coordinarse con las autoridades locales propició un enfrentamiento directo con el gobernador Newsom, quien anunció una demanda contra la administración de Trump por considerar que dicha acción es ilegal, inmoral e inconstitucional. Newsom acusó a Trump de crear caos para justificar una respuesta militarizada, mientras que Trump calificó a Newsom y a Karen Bass de incompetentes y nombró insurrectos y agitadores profesionales a los causantes de los disturbios.
Analistas de medios tales como The Washington Post, Los Angeles Times y CNN, principalmente, refieren que la administración Trump pretende varios objetivos con su respuesta desproporcionada en contra de la población latina de LA: 1) Reforzar su política migratoria dura como eje principal de su mala administración; 2) Proyectar autoridad y acción para hacer valer “ley y orden”, actitud que le reditúa simpatías entre sus seguidores racistas, xenófobos y fanáticos; 3) Retar a las autoridades demócratas de California, el gobernador Newsom y la alcaldesa de LA Karen Bass (catalogados como izquierdistas), mediante la demostración de poder y capacidad de Trump para movilizar tropas; 4) Preparar el terreno para implementar medidas más extremas, como invocar la Ley de Insurrección de 1807, que le permitiría distribuir al ejército regular en el territorio estadounidense, dentro de una estrategia más amplia del Proyecto 2025, una agenda neofascista y ultraconservadora (valga la redundancia) que busca expandir el poder presidencial.
En este marco, el señalamiento de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el reciente 10 de junio, acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum de instigar las protestas violentas en LA, tiene implicaciones significativas en el ámbito político y diplomático de las relaciones bilaterales.
La acusación de Noem fue refutada categóricamente por la presidenta Sheinbaum, que la calificó de absolutamente falsa y reiteró su condena a la violencia. Más aún, la presidenta Sheinbaum compartió un video en X de su conferencia del 9 de junio, donde condenó la violencia, afirmando: No estamos de acuerdo con los actos violentos como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. También llamó a la comunidad mexicana a actuar pacíficamente y abogó por el diálogo y el respeto entre ambos países.
La acusación de Noem, junto con su declaración de que LA es una ciudad de criminales en lugar de una ciudad de inmigrantes (The Independent, 10 de junio de 2025), refuerza la narrativa de la administración Trump de culpar a México por la migración y la violencia, alineándose con su retórica sobre una invasión migratoria. Esto podría justificar medidas más duras, como la invocación de la Ley de Insurrección o la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que para México constituye una amenaza a su soberanía.
La presidenta Sheinbaum dio una respuesta mesurada, condenando la violencia y abogando por el diálogo, para evitar una ruptura.
El gobernador Newsom y organizaciones como el Centro Brennan para la Justicia, afirman que la administración Trump, al calificar las protestas como insurrecciones, crea una narrativa que pretende justificar y legitimar sus políticas y desviar la atención de las críticas por los excesos cometidos con las redadas.
Además, la retórica de Trump sobre una invasión migratoria busca manipular y aumentar la percepción de amenaza para justificar políticas más represivas, lo que los analistas objetivos connotan como tácticas dictatoriales, militaristas y neofascistas.
Para algunos analistas la militarización y las redadas refuerzan el respaldo de los votantes ultraconservadores, especialmente en estados clave, al mostrar a Trump como un líder decidido y frontal para atacar lo que él llama crisis migratoria.
La administración Trump utiliza los disturbios para reforzar la idea de una invasión migratoria, justificando medidas extremas. Sin embargo, los datos muestran que los cruces fronterizos están en mínimos históricos, lo que pone en relieve que la emergencia es una construcción política para movilizar a su base y justificar la militarización.
Se prevé que la acción militarizada le hará perder definitivamente a sectores moderados y a comunidades latinas en EE.UU., lo que podría debilitar a los republicanos en estados con alta población hispana, como California, Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México e Illinois.
La demanda del gobernador Newsom podría escalar hasta la Corte Suprema, donde una mayoría conservadora seguramente avalará a Trump, pero a costa de un precedente controvertido sobre el mal uso del poder federal.
En lo local, los disturbios también han afectado la industria y el comercio de LA, especialmente en áreas latinas como Paramount, donde los negocios de inmigrantes son fuentes de trabajo importantes. La interrupción y bloqueo de los flujos de mano de obra migrante provoca además pérdidas temporales en la industria de la construcción y los servicios.
La historia de las protestas en LA (1992 y 2020) y el malestar de la comunidad latina dan cuenta de que la escalada del conflicto es un riesgo real. Si los disturbios no se contienen en breve tiempo y, por lo contrario, se contagian y extienden a otras ciudades con alta población hispana, como San Diego, Phoenix o Chicago, aumentará la percepción de excesos policiacos y militarización, lo cual alentará aún más el descontento hacia Trump, debilitando la ya de por sí muy fragil legitimidad de su administración, causando un daño mayor a su imagen entre votantes moderados y minorías, lo que fortalecerá a los demócratas de cara a las elecciones intermedias de 2026.
Si el enfrentamiento con el gobernador Newsom y la alcaldesa Bass se intensifica, California se fortalecerá como un bastión de oposición a Trump, lo que complicará la implementación de las políticas federales en el estado y catapultará al gobernador demócrata de California como un serio aspirante a suceder a Trump en el 2028.
Más aún, los efectos nocivos mayores de la política de Donald Trump en contra de los migrantes, inciden no solo en la economía de LA sino en toda la Unión Americana, ya que tienen que ver con que habrá escasez de mano de obra en sectores clave, se incrementarán los costos para las empresas y se disparará la inflación.
Obviamente, los disturbios traen consigo un impacto importante para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La retórica de Trump sobre México como puerta trasera para la entrada del fentanilo y la migración ilegal podría estirar aún más la liga de las tensiones.
La retórica racista, neofascista y xenofóbica de Trump y sus seguidores y la respuesta firme e íntegra de la presidenta Claudia Sheinbaum, defendiendo el respeto a la soberanía y la dignidad del país, indican un riesgo probable de escalada de las tensiones bilaterales.
Las repercusiones económicas, tantas veces mencionadas en los últimos meses (sobre todo por actores políticos y mediáticos de la oposición en México) debido a las amenazas constantes del presidente Trump, serían, en primer lugar, la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, lo que afectaría a sectores clave como el automotriz que genera más de un millón de empleos distribuidos en varios estados mexicanos. Además del impacto de los aranceles en la disminución del crecimiento del PIB y el empleo, la probable la caída de las remesas afectaría el consumo interno en nuestro país.
Otro efecto pernicioso -deseado por actores políticos y mediáticos del bloque opositor – sería la reduccción de la inversión extranjera en México, especialmente la relacionada con el nearshoring (relocalización de industrias estratégicas en territorio mexicano), ya que la administración Trump sigue presionando a las empresas a relocalizarse en EE.UU.
A la vez, las deportaciones masivas generarían presiones para el gobierno de México, ya que rebasaría su capacidad para reintegrar a decenas de miles de personas a la economía y a los servicios educativos y de salud del país.
Este escenario aún poco probable, pero complicado para la economía de México, constituye la tormenta perfecta para la oposición apátrida -por decir lo menos- que anhela una crisis económica en el país a fin de avanzar en sus propósitos electorales, a costa de la desgracia de la nación mexicana.
La presidenta Sheinbaum se enfrenta a un clima de negociación difícil y bajo presión, pero consciente de la gran interdependencia económica entre México y EE.UU., por lo que un escenario posible tiene que ver con seguir adoptando una estrategia mesurada, para colaborar en los controles migratorios y mantener la cooperación activa en contra del narcotráfico.
A pesar del equilibrio precario y delicado de las negociaciones bilaterales, la presidenta Sheinbaum se mantiene inteligente y situada, anclada en principios, sin subordinarse. La cooperación con EE.UU. en los temas mencionados ha fortalecido la posición de México frente a inversionistas. Las negociaciones podrían incluir una revisión anticipada del T-MEC en 2026, con beneficios mutuos en inversiones, salarios y derechos laborales.
De ahí que es muy probable que el Gobierno de México continuará intensificando sus acciones en contra del tráfico de fentanilo y el contrabando de armas, colaborando con la DEA y la ATF, lo cual ha ayudado a disminuir tensiones con la administración Trump.
El colmo es que todas estas acciones de colaboración, coordinadas con autoridades de EE.UU., han sido motivo de críticas absurdas por parte de actores políticos, voceros y propagandistas del bloque derechista opositor, quienes a la menor oportunidad argumentan debilidad del Gobierno de México “porque permite la injerencia estadounidense en asuntos de seguridad interior”, y otros sofismas por el estilo totalmente faltos de rigor.
La verdad es que la oposición en México, al verse doblemente derrotada en las urnas electorales, ha recurrido por sistema a la calumnia, insidia y conjura internacional y la insistente llamada a actores y agentes externos para provocar una intervención estadounidense en nuestro país, en su vano afán de desestabilizar la economía de la nación y recuperar el poder político.
La administración Trump también tiene mucho que perder con la escasez de mano de obra insustituible en sectores importantes de la economía estadounidense, además de la inestablidad política provocada, el descontento creciente de su población, la mayor inflación y carestía por su política arancelaria irracional, y las posibles derrotas de los republicanos en las elecciones intermedias y presidenciales.
El mejor escenario para la relación bilateral México- EE.UU. sería la cooperación estratégica, logrando un acuerdo que comprenda los temas fundamentales de migración, comercio y seguridad, evitando la imposición ilógica de aranceles y reduciendo las tensiones por las redadas.
Lo ideal es que la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump siguieran un diálogo basado en intereses mutuos, como el fortalecimiento del T-MEC y la lucha contra el narcotráfico.
El comercio bilateral ha sido de gran beneficio para ambas naciones y debe sostenerse sin aranceles; la cooperación fortalece las cadenas de valor en América del Norte, beneficiando a ambos países frente a la competencia con China.
La presidenta Sheinbaum ha adoptado una postura inteligente de no confrontación pero no subordinación, lo que evidencia el interés de evitar una ruptura, optando por negociaciones sensatas, en lugar de permitir un deterioro irreversible.
Trump necesita la cooperación de México en temas como el fentanilo y la migración, por lo que podría evitar incurrir en más acciones que desestabilicen la relación bilateral.
En suma, a pesar de las tensiones, México y EE.UU. comparten intereses económicos y de seguridad que podrían limitar la escalada.
Pero mientras gobierne Donald Trump, pueblo y Gobierno de México debemos estar en alerta, en todo momento, para navegar sobre aguas turbulentas. A fin de cuentas, Trump aumenta cada vez más el riesgo de una crisis que debilitaría su liderazgo, lo haría perder las elecciones intermedias de 2026, y abonaría a la probable derrota de los republicanos en los comicios presidenciales de 2028.
Héctor O. Carriedo Sáenz, 13 de junio de 2025.