NO MEMES

El peor castigo para un político mexicano no es la cárcel, ni el juicio político, ni siquiera la portada de un diario opositor. Es convertirse en meme. Ahí sí duele, ahí sí se mueven cielo y Congreso. Basta recordar el #CeroVotos, el apodo con el que el PAN bautizó al diputado morenista Arturo Ávila y que le borró la sonrisa después de dejarlo sin Aguascalientes, sin Cuauhtémoc y, por ahora, sin candidatura, para saber que en México un chiste bien colocado puede perseguir a un funcionario más tiempo que cualquier escándalo real. El mismo Ávila, por cierto, fue quien días antes propuso, junto con el vocero Sergio Gutiérrez Luna, crear una comisión especial para vigilar y prevenir los memes que «desprestigien» a la 4T. Cuando el remedio contra la burla lo propone precisamente quien más se ha vuelto meme, algo dice del diagnóstico.

Hay dos cosas que este gobierno jamás va a reconocer: la corrupción y la censura. Y lo peor para todos los mexicanos es que, mientras tanto, se atiende siempre lo menos importante para el país: que no se metan con el gobierno. La piedrita en el zapato de cualquier gobierno, no solo de este, es que se burlen de él. Ya lo dijo hace décadas un expresidente mexicano, con una honestidad que sus sucesores han preferido tercerizar en leyes: «no te pago para que me pegues». Cambia el discurso, cambia el partido, pero la lógica de fondo sigue idéntica: el humor que incomoda al poder siempre encuentra la forma de convertirse, tarde o temprano, en una iniciativa de ley.

Esta semana el Congreso ofreció dos ejemplos casi simultáneos. Empecemos por la más técnica y la que menos ruido hace en redes pese a tener el arma más contundente: dinero. Es la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, enviada por la presidenta Sheinbaum en mayo, que obliga a los proveedores de internet a bajar contenido protegido por derechos de autor bajo amenaza de multas de hasta 40 mil UMA, que en pesos de 2026 son 4.6 millones. El argumento oficial es impecable en el papel: cumplir con el T-MEC, proteger a los creadores, combatir la piratería. Nadie en su sano juicio defiende que le roben su música a un compositor. El detalle incómodo es otro: cuando la ley obliga a una plataforma a elegir entre pagar una multa millonaria o borrar contenido «por si acaso», la plataforma no va a consultar a un abogado especializado en fair use antes de decidir. Va a borrar primero y preguntar después, si es que pregunta. A eso los expertos le llaman censura privatizada, y a los expertos, en este caso, hay que creerles: se llaman Artículo 19, y llevan más experiencia documentando censura en México de la que cualquier legislador quisiera admitir. La Comisión de Economía de Diputados, por cierto, ya aprobó el dictamen el 21 de septiembre y luego, providencialmente, decidió aplazar la discusión hasta el 29. A veces hasta el Congreso necesita un fin de semana para pensar en lo que acaba de hacer.

La segunda reforma es la que sí encendió el performance nacional, porque tocó algo más sagrado que el derecho de autor: el ego institucional. El artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial proponía, en su versión original, de tres a siete años de cárcel para quien usara sin permiso «la identidad gráfica» de cualquier nivel de gobierno. Traducido del legislativo al español: usar el escudo nacional, un logo oficial o el look institucional de una dependencia en una parodia podía costarte lo mismo que un delito patrimonial grave. Los moneros del país, que llevan décadas dibujando presidentes con narices más grandes que sus logros, entendieron el mensaje antes que nadie. Chavo del Toro lo resumió con el fatalismo elegante de quien ya vio esta película: si quieren que estemos en la cárcel los caricaturistas, pues vamos a la cárcel, ya qué más. El Senado, ante la posibilidad de que la prensa internacional empezara a preguntar por qué México encarcela caricaturistas, hizo lo que hace siempre que una ley se le sale de control: la suavizó en público y la aprobó de cualquier forma. El 23 de septiembre, en comisiones, bajaron la pena de tres a siete años a uno a cinco, añadieron que debe existir «intención de engaño», y sacaron adelante el dictamen con 34 votos a favor. Problema resuelto, dirán algunos. Problema reformulado con lenguaje más elegante, dirán los que ya han visto este truco antes.

Y aquí está el hilo que cose ambas reformas, más allá del apodo compartido: las dos nacieron del mismo paquete presidencial de mayo, las dos usan un argumento legítimo, ordenar el derecho de autor, combatir el fraude, como vehículo para ampliar el margen de castigo sobre el contenido digital, y las dos requirieron presión pública, moneros amenazando con ir presos y senadores de oposición citando series de streaming en tribuna, para que el texto se acotara un poco. Ninguna corrección salió por convicción; salieron por costo político. Eso no es un defecto menor: es el patrón. Cuando la ambigüedad es tan conveniente para el poder que hay que gritar en la calle para que la corrijan, la ambigüedad nunca fue un error de redacción.

Que ninguna de las dos reformas diga explícitamente «prohibido hacer memes» no debería tranquilizar a nadie. La censura elegante nunca usa esa frase. Usa palabras como «responsabilidad secundaria», «identidad gráfica institucional» e «infractor reincidente», que suenan a manual corporativo pero funcionan exactamente igual: como una advertencia difusa que le enseña al ciudadano promedio a autocensurarse antes de que un juez tenga siquiera que intervenir. Esa es la censura más barata que existe, porque no necesita perseguir a nadie: solo necesita que la gente tenga miedo de averiguarlo.

La discusión en Diputados se retoma el 29 de septiembre. El Senado, mientras tanto, ya turnó su dictamen al pleno. Ninguna de las dos reformas está vigente todavía, lo cual, en el México de 2026, ya cuenta como una victoria de la sociedad civil. Y mientras el Congreso decide si «Cero Votos» tenía razón, aprovechen la ventana: hagan sus memes ahora, mientras la ambigüedad legal todavía juega a favor del absurdo y no del castigo.

Rodrigo Melo Castro