Rodrigo MeloSiete días. Eso duró la prisión preventiva de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, quien salió del penal de Atlacholoaya con uniforme beige, una bolsa de plástico con sus pertenencias y una sonrisa en el rostro, sin dar declaración a los reporteros que lo esperaban afuera. El precio de la salida: veinte mil pesos de garantía, entregar el pasaporte y firmar cada mes. Para dimensionar la ganga conviene saber que su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, es ingeniera nuclear y doctora en ingeniería energética por la UNAM, y que al momento de los hechos daba clases de suplente a cien pesos la hora. La fianza equivale a doscientas horas de clase de ella. Todo un logro para el sistema de justicia mexicano: le puso precio a la libertad y quedó de rebaja.
Ahora bien, aquí lo importante no es cuándo denunció ella, sino por qué no lo había hecho antes. María Felicia relató que la violencia física empezó en 2022 y que nunca fue al Ministerio Público por miedo: miedo al cargo de su marido, a sus relaciones políticas, a las represalias contra ella y su hijo. Cuatro años calculando el riesgo. Y viendo cómo terminó todo, hay que reconocer que la mujer sabe hacer cuentas.
Lo que sí hizo, el 26 de junio, fue subir a YouTube el video de una cámara de seguridad donde se observa un forcejeo por un portafolio verde, un empujón al sillón, un jalón de cabello y a su hijo pequeño corriendo a refugiarse en las escaleras. Dos días después, la Fiscalía de Morelos abrió carpeta. El 29 presentó la denuncia formal, aunque de todos los episodios que vivió solo pudo denunciar dos, porque la Fiscalía le exigió fechas exactas y ella no las recordaba todas. Entretanto, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar declaraba que «no es necesario» que las mujeres tengan videos para denunciar. Lo dijo con el país entero viendo que ese expediente existía únicamente gracias a un video. Uno agradece la aclaración.
Y entonces todo se volvió velocísimo. La Secretaría de las Mujeres celebró la detención como «un mensaje de cero impunidad». La presidenta Sheinbaum pidió «todo el peso de la ley» y prometió que su gobierno no iba a «proteger a nadie». Cabe señalar, sin ánimo de insinuar nada, que Rodríguez Padilla y Sheinbaum fueron compañeros de facultad en Ciencias de la UNAM desde 1983. Ambos datos son públicos y el lector los acomoda como guste.
En medio apareció la famosa carta de perdón, que según ella no es perdón: «No fue un perdón lo que yo le hice, fue como una reconciliación familiar por mi niño», le dijo a Azucena Uresti. Tan poco perdón fue, que ni siquiera acudió a ratificarlo. La jueza Consuelo Correa, muy correctamente, recordó en audiencia que la violencia familiar se persigue de oficio y que el perdón de la víctima no extingue la acción penal. Acto seguido, lo soltó. Un recordatorio jurídico impecable, seguido de la resolución contraria: eso también es cero impunidad, supongo.
¿Y por qué firma una doctora en ingeniería energética? Ella lo explicó sin poesía: cuando amenazó con denunciarlo, él le contestó que si lo hacía no iba a tener dinero para vivir. También la amenazó con quitarle al niño y con deportarla a Cuba. El hombre tenía razón en las tres. Cuando ella pidió protección le ofrecieron orientación y atención psicológica, y ella misma declaró que hasta ese momento no tenía seguridad de ningún tipo. El agresor ofrecía manutención; el Estado ofrecía folletos. Ganó el que pagaba.
En redes el contraste obligado fue con Fofo Márquez, que cumple diecisiete años y seis meses en Molino de Flores mientras el exdirector de Pemex duró una semana. La comparación es tentadora pero tramposa, y conviene decirlo: a Fofo lo condenaron por tentativa de feminicidio, a Rodríguez Padilla lo vincularon por violencia familiar. Delitos distintos, tratamientos distintos. El primero no admite acuerdos ni perdones; el segundo sí. Ahí está lo que nadie quiere ver: la ley considera menos grave golpear a tu esposa en tu casa que golpear a una desconocida en un estacionamiento. La cercanía es atenuante.
Y lo verdaderamente grave de este caso es que no tiene nada de excepcional. En México se denuncia violencia familiar 750 veces al día, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de mayo de 2026. En 2015 fueron 127 mil 424 carpetas; en 2025, 266 mil 760. Más del doble en diez años, y eso contando nada más a las que llegaron al Ministerio Público. Lo raro del expediente de María Felicia no fue la golpiza: fue la cámara, el apellido del marido y el escándalo mediático. Las otras 749 de ese día no tienen video ni presidenta pronunciándose. Tienen exactamente el mismo cálculo: la manutención del niño contra el proceso penal. Miles firman lo que firmó ella, por lo mismo que lo firmó ella, y nadie escribe columnas al respecto. El perdón comprado no es la anomalía del caso. Es el modelo de negocio.
Falta mencionar a la otra. Porque hay otra: una segunda mujer denunció públicamente que Rodríguez Padilla la habría declarado legalmente muerta para no dividir bienes. Ese expediente no ha llegado ni a una audiencia. Quién sabe, a lo mejor le falta video.
Mientras tanto la opinión pública, que se enteró de todo esto hace tres semanas, ya se dividió entre quienes le reclaman a María Felicia no haber sostenido la denuncia y quienes entienden que la indefensión no deja margen para heroísmos. A los primeros les dejo una cuenta sencilla: cien pesos la hora, un hijo pequeño, sin trabajo fijo y en un país que no es el suyo. Hagan el cálculo y luego opinen.
Ella tardó cuatro años en denunciar porque tenía miedo de que no pasara nada.
Pasaron siete días.
Rodrigo Melo Castro