Buenas noticias: todos pasan. Malas noticias: pocos aprenden

México tiene un problema mucho más grave que volver a salir mal en una evaluación internacional: nos estamos acostumbrando a que nuestros hijos aprendan poco y a que nadie asuma las consecuencias de ello. Cambian los gobiernos, llegan nuevas reformas, desaparecen evaluaciones, se modifican programas y libros de texto y cada administración anuncia una nueva manera de entender la educación, pero al final millones de estudiantes siguen avanzando de grado con dificultades para comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos o utilizar conocimientos científicos elementales. Lo verdaderamente preocupante no es solamente el lugar que ocupamos en PISA, sino la facilidad con la que hemos aprendido a convivir con esos resultados.

Podemos discutir durante semanas si PISA entiende completamente la realidad mexicana, cuestionar su metodología, señalar nuestras enormes desigualdades sociales o recordar que las condiciones de una escuela rural de Guerrero no son las mismas que las de un colegio privado de la Ciudad de México. Todo eso es cierto y merece considerarse. Lo que no podemos hacer es utilizar nuestra complejidad como pretexto para ignorar una realidad evidente: demasiados niños y jóvenes mexicanos están aprendiendo menos de lo que deberían y llegan a las siguientes etapas de su vida sin las herramientas suficientes para competir en un mundo que cada día exige más conocimiento.

Este problema no nació en un sexenio ni puede atribuirse exclusivamente a un partido. México lleva décadas arrastrando deficiencias educativas. Sin embargo, eso tampoco puede convertirse en coartada para quienes han gobernado durante los últimos años. Si recibes un sistema con problemas y después de años de administrarlo los resultados no mejoran, llega un momento en que dejar de culpar al pasado también se convierte en una obligación. En lugar de construir una política educativa de Estado que sobreviviera presidentes, partidos e ideologías, volvimos a colocar las aulas en medio de la disputa política.

Cada gobierno parece necesitar su propia reforma, sus programas, su narrativa y hasta su particular manera de explicar la historia. Se modifican instituciones, contenidos y prioridades con una velocidad que no corresponde con los tiempos educativos. Un niño que entra hoy a primaria necesita continuidad durante los siguientes doce o quince años; México, en cambio, sigue ofreciéndole proyectos educativos que parecen tener fecha de caducidad sexenal. La educación necesita generaciones para producir resultados, pero nosotros seguimos administrándola con el calendario de la próxima elección.

Uno de los errores más graves ha sido debilitar la cultura de la evaluación. Durante años se construyó la idea de que evaluar maestros, escuelas o políticas podía significar perseguir o castigar. Se modificaron instituciones y mecanismos sin lograr construir después un modelo suficientemente sólido que permita saber con claridad qué funciona, qué está fallando y dónde debemos intervenir. Una evaluación puede estar mal diseñada y entonces debe corregirse, pero desaparecerla o desacreditarla porque sus resultados incomodan es todavía peor. Un país que deja de medir sus problemas no consigue que desaparezcan; simplemente aprende a vivir con ellos.

También hemos confundido inclusión con falta de exigencia. Nadie puede defender un sistema educativo que abandone al estudiante que tiene dificultades, pero tampoco podemos considerar un éxito que un niño avance de grado si no adquirió los conocimientos necesarios. Pasar de año no significa necesariamente aprender y entregar un certificado tampoco garantiza conocimiento. Podemos mejorar administrativamente los indicadores de aprobación, pero tarde o temprano la realidad aparece cuando ese joven intenta ingresar a una universidad, conseguir empleo, comprender un contrato, interpretar información o competir profesionalmente con alguien que recibió una mejor formación.

En medio de esta discusión existe otro tema que durante años hemos tratado con enorme cautela por sus implicaciones políticas: la calidad y la vocación de nuestros maestros. México tiene miles de profesores extraordinarios que todos los días sostienen escuelas con carencias enormes, particularmente en las comunidades más pobres. Muchos compran materiales con su propio dinero, dedican tiempo adicional a sus alumnos y realizan tareas que van mucho más allá de aquello por lo que reciben un salario. Precisamente por respeto a esos maestros tenemos que atrevernos a reconocer que no todos quienes llegan frente a un salón tienen la misma preparación, compromiso ni vocación.

Durante demasiado tiempo permitimos que la profesión docente perdiera prestigio y atractivo entre muchos de nuestros mejores estudiantes. En determinados contextos, estudiar para maestro comenzó a percibirse como una alternativa cuando otras posibilidades universitarias eran más difíciles o inaccesibles, y en algunos casos como una ruta hacia cierta estabilidad laboral. El problema aparece cuando alguien que nunca tuvo verdadera vocación termina pasando décadas frente a un salón. Un mal maestro no genera solamente un problema administrativo: puede influir durante treinta años en cientos o incluso miles de estudiantes. Cuando la mediocridad entra al aula, sus consecuencias pueden acompañar a varias generaciones.

Es ahí donde vale la pena mirar brevemente a Singapur. No porque México pueda ni deba copiar un sistema construido en condiciones completamente distintas, sino porque entendieron algo elemental: la calidad educativa comienza también por la calidad de quienes enseñan. La docencia tiene altos estándares de selección y formación, y alrededor del maestro existe una cultura que reconoce el conocimiento, la disciplina, el esfuerzo y la autoridad académica. La lección para México no debería ser copiar a Singapur, sino recuperar una idea mucho más sencilla: convertir nuevamente la docencia en una profesión a la que aspiren nuestros mejores estudiantes.

Para lograrlo habría que elevar los estándares de ingreso, fortalecer profundamente las normales, mejorar la formación inicial, capacitar permanentemente y evaluar conocimientos y desempeño. Pero exigir más tiene que venir acompañado de ofrecer más. México también necesita mejores salarios, condiciones laborales dignas, reconocimiento a la excelencia y posibilidades reales de desarrollo profesional. No podemos pedir maestros extraordinarios mientras social y económicamente tratamos su profesión como si fuera secundaria. De la misma manera, defender legítimamente sus derechos laborales no puede significar garantizar un salón de clases a quien reiteradamente demuestra que no tiene las competencias necesarias para enseñar. Los derechos laborales de los maestros importan, pero el derecho de millones de niños a recibir una buena educación debería importar todavía más.

Existe finalmente una responsabilidad que tampoco podemos esconder detrás del gobierno, los sindicatos o las escuelas: la de los padres de familia. Estamos criando generaciones rodeadas de pantallas, estímulos inmediatos y entretenimiento permanente mientras esperamos que puedan concentrarse durante horas, leer un libro, desarrollar paciencia y mantener disciplina. En demasiados hogares disminuyeron la lectura, la conversación sobre lo ocurrido en la escuela, la supervisión de tareas y los límites sobre el uso del teléfono. Después pretendemos que unas cuantas horas dentro de un salón compensen hábitos que se construyen durante todo el día.

La escuela puede enseñar matemáticas, ciencias, historia o español, pero difícilmente podrá sustituir lo que debería comenzar en casa: respeto, responsabilidad, disciplina, curiosidad, hábitos y valoración del conocimiento. Los maestros tienen una responsabilidad enorme, pero los padres también. Hemos llegado a un punto en el que algunas familias exigen todo a la escuela mientras cada vez están menos presentes en el proceso educativo de sus propios hijos. Recuperar la educación mexicana también significa recuperar la responsabilidad de educar en casa.

La responsabilidad mayor, sin embargo, sigue correspondiendo al Estado porque es quien diseña las reglas, administra los recursos, define prioridades y tiene la obligación de garantizar que un niño tenga acceso no solamente a una escuela, sino a una educación que realmente le permita aprender. México necesita recuperar evaluaciones serias, identificar con precisión dónde están los mayores rezagos, fortalecer comprensión lectora y matemáticas desde los primeros años, profesionalizar verdaderamente la carrera docente, mejorar infraestructura y utilizar la tecnología como herramienta educativa y no como sustituto del aprendizaje.

También necesitamos comenzar a exigir responsabilidades políticas por los resultados educativos. Un secretario de Educación no debería ser evaluado por la cantidad de programas que anuncia, sino por cuánto están aprendiendo los niños. Un gobernador tendría que explicar por qué existen escuelas sin condiciones mínimas y el Gobierno Federal debería rendir cuentas cuando los indicadores retroceden, de la misma manera que exigimos explicaciones cuando falla la economía, la seguridad o la salud. La tragedia de la educación es que sus consecuencias no aparecen mañana por la mañana; aparecen diez o veinte años después, cuando quienes tomaron las malas decisiones probablemente ya ni siquiera estén en el poder.

México está entrando nuevamente en una etapa en la que buena parte de la conversación pública girará alrededor de quién ganará las elecciones de 2027, qué partido conservará el poder y quiénes serán candidatos. Todo eso importa, pero existe una discusión mucho más trascendente que estamos dejando para después: qué país podrán construir dentro de veinte años los niños que hoy estamos educando. Ahí es donde PISA debería dejar de entenderse como una simple tabla de posiciones y convertirse en una llamada de atención sobre nuestras prioridades.

Porque cuando un niño mexicano llega a los quince años sin comprender adecuadamente lo que lee o sin poder resolver problemas elementales, no podemos colocar toda la responsabilidad sobre sus hombros. Antes que él hubo decisiones de gobierno, políticas educativas, escuelas, maestros y familias que pudieron hacer las cosas mejor. El verdadero fracaso no está solamente en el resultado de una prueba; está en habernos acostumbrado a que aprender poco sea normal y en seguir encontrando explicaciones antes que soluciones.

México puede seguir cambiando planes, reformando programas, imprimiendo nuevos libros y entregando certificados. Pero mientras no recuperemos la exigencia, la evaluación, la vocación docente, la disciplina, la responsabilidad familiar y, sobre todo, una política educativa de largo plazo, estaremos resolviendo el problema únicamente en el papel. Porque al final podemos decretar que un estudiante pasó de grado, pero ningún gobierno puede decretar que aprendió.