Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Se le acusa de integrar una red de tráfico ilegal de combustible que provocó un daño al erario por más de 4 mil millones de pesos.
La presidenta de México confirmó que la captura deriva de una investigación minuciosa de un año. El operativo conjunto debilitó una organización criminal con presencia en ocho estados del país.
Cómo operaba la red de tráfico ilegal de combustible
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que la organización introducía combustible de Texas sin revisiones aduaneras. La red utilizaba ferrotanques para mover el producto por territorio mexicano.
Los implicados declaraban solo el 10 por ciento de la capacidad real de los vagones. Reportaban 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros de hidrocarburo.
El combustible descargaba en espuelas ferroviarias clandestinas. Posteriormente, se distribuía de forma ilegal en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, evadiendo el pago de contribuciones fiscales.
La postura del Gobierno ante la captura de Ernesto Ruffo Appel
La Presidenta de la República descartó que la detención tenga tintes políticos o motivaciones de agenda. La Mandataria estatal afirmó que la Fiscalía actúa de manera independiente y basada en pruebas técnicas.
La Jefa del Ejecutivo defendió la imparcialidad de las investigaciones judiciales en el país. Sostuvo que la ley se aplica de igual forma para exfuncionarios y servidores públicos en funciones.
Por su parte, el partido Somos México calificó la detención de su consejero como una infamia. Ante esto, el Gobierno Federal pidió revisar las carpetas de investigación entregadas a los jueces.
El impacto del megaoperativo contra el huachicol
La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra un primer bloque de 25 objetivos prioritarios. Las autoridades federales confirmaron que las acciones de inteligencia siguen activas en varias entidades del norte mexicano.
El combate al contrabando de combustibles mantiene una coordinación estrecha entre diversas dependencias federales. En los operativos participan Pemex, la Secretaría de Energía, la Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad.
El desmantelamiento de esta red busca frenar las pérdidas millonarias que afectan las finanzas públicas del país. Las autoridades judiciales definirán la situación jurídica de los detenidos en las próximas horas.
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