Filiberto Cruz MonroyLa trata de personas es, quizá, uno de los crímenes más atroces que enfrenta México en este momento, no solo por el horror que encierra cada caso, sino por la pasividad con la que las autoridades y la sociedad responden a un fenómeno que crece y se diversifica. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este delito aumentó 37% en 2024 respecto al año previo. No hablamos de cifras abstractas: hablamos de miles de vidas condenadas a la explotación sexual, el trabajo forzoso, el matrimonio servil, la condición de siervo, el reclutamiento infantil o incluso la venta y adopción ilegal de menores.
A pesar de la gravedad del aumento, lo que llama la atención es la poca efectividad de las instituciones responsables de combatirlo. Las fiscalías estatales y federal carecen de personal especializado, de traductores para atender a comunidades indígenas y afromexicanas, y de la capacidad técnica para investigar redes criminales con un nivel de sofisticación que las conecta directamente con el crimen organizado.
El Informe Mundial sobre Trata de Personas de la UNODC señala que el 74% de los casos globales están vinculados con estructuras criminales; en México, esta proporción se refleja con claridad en el perfeccionamiento de métodos de control físico y digital que aplican los tratantes.
Sin embargo, las detenciones son escasas y, cuando se logran, la justicia se diluye en malas sentencias dictadas por jueces y juezas que minimizan las penas, reducen responsabilidades o permiten que los culpables evadan la cárcel.
La reciente reforma a la Ley General contra la Trata de Personas, aprobada en junio de 2024, endureció las sanciones cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas. Pero endurecer la ley sin aplicarla de manera efectiva es solo un gesto vacío, un marco jurídico que no cambia realidades en territorios donde la pobreza, la discriminación y el aislamiento son caldo de cultivo para que las redes criminales operen con impunidad.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México publicó en su Reporte 2024-2025 que la pornografía infantil —o material de abuso sexual infantil— representa hoy el 62% de los casos de trata reportados. Entre enero y junio de 2025 se identificaron 696 víctimas, un incremento del 86% respecto al mismo periodo de 2024. Los métodos de captación son claros: 56% a través de redes sociales y plataformas de mensajería, 24% por contactos personales en la comunidad y 14% por falsas ofertas laborales.
El engaño, el abuso de vulnerabilidad y las amenazas son las herramientas principales. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el Estado mexicano estar un paso atrás de criminales que utilizan mecanismos tan visibles y recurrentes?
El esfuerzo de organizaciones comunitarias, como las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA), contrasta con el abandono institucional. Líderes comunitarios en regiones como San Quintín, Baja California, o Papantla, Veracruz, han tenido que recurrir a spots de radio en lenguas originarias para alertar a la población sobre matrimonios forzados y engaños laborales, porque ni siquiera existen traductores en las fiscalías. Mientras tanto, funcionarios públicos en conferencias de prensa celebran “operativos exitosos” que no pasan de capturar eslabones menores de redes mucho más amplias.
El problema de fondo es la nula estrategia integral por parte de los gobiernos estatales y federal. Más allá de campañas aisladas como “Agentes de cambio: saberes y resistencias frente a la trata”, impulsada en 2024 por la UNODC en colaboración con las CAMIA, no hay un verdadero compromiso gubernamental para erradicar este flagelo. Los programas de prevención son escasos y mal diseñados, las rutas de rescate son improvisadas y la reintegración de las víctimas a la vida social y laboral es prácticamente inexistente.
Frente a este escenario, también es necesario señalar la responsabilidad de la ciudadanía. La indiferencia social ha permitido que la trata se normalice, que los casos se perciban como ajenos o lejanos, cuando en realidad atraviesan barrios, colonias y comunidades enteras. La sociedad mexicana aún no dimensiona la magnitud de este crimen. Callar, ignorar o mirar hacia otro lado es, en los hechos, convertirse en cómplice pasivo.
La trata de personas no es un problema marginal ni “ajeno” a la vida cotidiana. Es una industria criminal que crece con la explotación de los más vulnerables y que cuenta con la complicidad de instituciones frágiles, jueces negligentes, gobiernos omisos y una sociedad indolente. Las cifras son claras: un aumento del 37% en un solo año, 696 víctimas en apenas seis meses de 2025, un 86% de incremento en pornografía infantil, y comunidades enteras cooptadas por redes criminales que operan con total impunidad.
El Estado mexicano ha fallado en proteger a sus ciudadanos frente a esta forma de esclavitud moderna. Las fiscalías investigan poco, los jueces condenan mal, los gobiernos estatales y federal no enfrentan con seriedad el problema, y la ciudadanía aún no lo reconoce como un asunto de seguridad nacional. Mientras la respuesta institucional y social siga siendo tan débil, la trata de personas continuará creciendo, dejando un reguero de vidas destruidas.
La verdadera pregunta no es si podemos erradicar la trata, sino si estamos dispuestos a asumir el costo político, social y cultural de hacerlo. Y por ahora, todo indica que ni las autoridades ni la sociedad mexicana quieren pagar ese precio.
X: @filibertocruz