Mayte BarriosA pesar de los esfuerzos por transformar la justicia, falta mucho para reducir la impunidad. Esta es una de las conclusiones que realizó el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, en su reporte anual al sistema de justicia penal.
La Coordinadora Programa de Justicia en México Evalúa, Christel Rosales, menciona «han hecho una serie de esfuerzos también para acercar la denuncia ciudadana a la población, y lo cierto es que hoy los resultados todavía dejan muchos pendientes ¿no? La denuncia ciudadana no se ha incrementado, la cifra negra continúa en niveles superiores al 92%».
Christel Rosales, indicó que una de las condiciones que ayudan a garantizar el acceso a la justicia es la suficiencia de personal en las instituciones.
El diagnóstico refiere que la Ciudad de México cuenta con tasas por cada 100 mil habitantes mayores al promedio nacional. Esto es 14.5 peritos; 2 jueces; 25.3 agentes del ministerio público y 45.4 policías de investigación.
En el reporte se señala que el presupuesto del sector justicia fue de $33,872 millones de pesos. Según datos de la cuenta pública de Ciudad de México, el gasto ejercido en la función de seguridad y justicia abarcó el 26.3% del gasto total, estos es 15.7% por encima del promedio nacional.
Acerca del programa de recompensas que llevará a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Rosales destacó que es un modelo el cual se ha aplicado en algunas entidades de nuestro país como en otras naciones.
«Definitivamente la información que puedan aportar testigos o personas que puedan brindar elementos para las investigaciones siempre será que favorecerá el desarrollo de investigaciones, pero consideramos que ahí no está la causa-raíz de este modelo, este programa no va a resolver los grandes déficits de investigación en la Ciudad», explicó la coordinadora del programa.
Para elevar la calidad de justicia sugirió que la Fiscalía capitalina desarrolle un esfuerzo de evaluación que mida su eficacia y el grado de éxito en la implementación de modelos de investigación, conforme a las prioridades establecidas en su política y plan de persecución penal.
«Capacitar de fondo al personal en la fiscalía para que logre enfocar los recursos de investigación en aquellos casos que vulneran mucho más a la población, y por otro lado, fortalecer estas capacidades de investigación, de nada va servir que les hagan llegar elementos, pruebas, o alguna noticia si esta no se integra de forma correcta en una investigación con pruebas periciales».
Finalmente, la investigadora estableció la necesidad de fortalecer el modelo de gestión para evitar dilaciones, que aseguren una justicia expedita y consolidar el servicio profesional de carrera.