Elección 2027; que nos traten y nos comportemos como adultos

La elección de 2027 no será un proceso menor ni una fecha más en el calendario político. A partir del 10 de septiembre de 2026 inicia el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que contempla la renovación de 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades. El proceso culminará con la entrega de constancias y las tomas de protesta de quienes resulten vencedores en las elecciones intermedias de 2027.

La dimensión de la elección obliga a mirar más allá de las campañas, los discursos y las disputas partidistas. El Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con los 32 Organismos Públicos Locales, participará durante el próximo año en la planeación, organización y seguimiento de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2026–2027.

Los números ayudan a entender lo que estará en juego: se renovarán 17 gubernaturas, se elegirán 1,098 diputaciones, 18,057 cargos en ayuntamientos y 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías.

Las gubernaturas que se renovarán corresponden a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Pero la elección será todavía más amplia. El 6 de junio de 2027 se elegirán diputaciones locales en 31 entidades federativas, además de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados. También estarán en las boletas otros cargos de elección popular, como Juntas Municipales en Campeche, Regidurías en Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.

Ante una elección de esta magnitud, quizá una de las preguntas fundamentales sea qué tipo de relación queremos establecer entre ciudadanos y candidatos.

Hay algo que deberíamos exigirles a quienes aspiren a representarnos: que nos traten como adultos. Eso significa presentar propuestas serias, explicar cómo pretenden llevarlas a cabo y asumir las consecuencias de lo que prometen. También significa dejar de lado las propuestas estúpidas y la idea de que el electorado debe aceptar cualquier ocurrencia simplemente porque forma parte de una campaña.

La competencia electoral debería desarrollarse sin trampas. Los candidatos tendrían que jugar limpio y quienes tengan ligas con la delincuencia deberían abstenerse de participar. La política tampoco debería utilizarse para radicalizar a las personas ni para convertir las diferencias naturales de una sociedad en enfrentamientos permanentes.

Pero la responsabilidad no corresponde únicamente a los candidatos. También corresponde a los ciudadanos.

Ante miles de cargos que estarán en disputa, estudiar a los candidatos será indispensable. Conocer sus propuestas, comparar opciones y decidir con responsabilidad forma parte de la tarea democrática. También implica quitarnos los fanatismos y evitar que la simpatía por un partido o una persona sustituya la capacidad de evaluar.

Y hay una responsabilidad básica que no debería perderse de vista: el voto no está en venta. Venderlo significa renunciar a una decisión que tendrá consecuencias para la comunidad.

En 2027 habrá miles de decisiones individuales que, juntas, determinarán quiénes ocuparán miles de cargos públicos. Por eso, más allá de preferencias políticas, la elección plantea una responsabilidad compartida: candidatos que respeten a los ciudadanos y ciudadanos dispuestos a informarse, pensar y decidir responsablemente.