Jair FigueroaCDMX, 2 de agosto de 2025. — Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, anunció este jueves que el proceso penal contra Israel Vallarta Cisneros ha concluido con una sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. Vallarta permaneció privado de la libertad por casi 20 años sin una sentencia, señalado de pertenecer a una banda de secuestradores. La funcionaria calificó el caso como un ejemplo de retardo procesal y abuso judicial.
Un proceso plagado de irregularidades
Desde su detención el 8 de diciembre de 2005, Vallarta enfrentó cargos por delincuencia organizada y secuestro, según la causa penal 100/2010 de la FGR. Durante ese tiempo, su defensa promovió al menos 10 apelaciones, 6 amparos, 7 recursos de revisión y 3 quejas, evidenciando un prolongado entramado jurídico lleno de dilaciones.
En junio de 2022, el Comité Contra la Tortura de la ONU urgió al Estado mexicano a aplicar medidas alternativas a la prisión y garantizar atención médica y protección a Vallarta, tras denuncias de tortura y violaciones a sus derechos humanos.
El desenlace: sentencia absolutoria
Fue el pasado 31 de julio cuando el juzgado correspondiente dictó la sentencia absolutoria, luego de que, apenas en julio de este año, el Ministerio Público Federal presentó conclusiones acusatorias pidiendo una pena severa.
Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno ha acompañado desde la administración anterior a la familia Vallarta, brindando apoyo médico, social y legal, especialmente a su esposa. “Ya está terminado el proceso penal tan largo. Exactamente, en 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia”, puntualizó.
¿Y Florence Cassez?
El caso de Israel Vallarta ha estado vinculado desde sus inicios con Florence Cassez, ciudadana francesa liberada en 2013 tras un escándalo internacional por montaje televisivo y tortura. Aunque Cassez fue exonerada por la Suprema Corte, Vallarta permaneció en prisión, convirtiéndose en símbolo del sistema penal mexicano fallido y discriminatorio.
Contexto político y justicia pendiente
La conclusión del caso ocurre en un contexto donde el gobierno federal impulsa una reforma judicial cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, mientras miles de personas aún enfrentan procesos largos sin sentencia en prisión preventiva. La absolución de Vallarta evidencia, según analistas, la urgencia de reformar el sistema desde una perspectiva garantista, no punitiva.
Llamado a revisar otros casos
Colectivos y abogados han señalado que la absolución de Israel Vallarta debería abrir la puerta a revisar otros casos de personas privadas de la libertad sin sentencia durante años, en especial cuando existen denuncias de tortura o violaciones procesales. Organizaciones como Amnistía Internacional han urgido a crear mecanismos de revisión judicial independiente.
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