El Parlamento iraní advirtió este 20 de enero que cualquier ataque contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, desataría una declaración de yihad, en medio de una fuerte represión de protestas antigubernamentales que ha dejado miles de muertos y detenidos en varias ciudades del país. La medida busca proteger al líder y alertar a la comunidad internacional sobre posibles represalias.
Aumento de tensiones en Irán
La situación en Irán ha escalado tras la ola de protestas que comenzó el 28 de diciembre de 2025, motivada por la devaluación de la moneda, la inflación y la represión política. Las manifestaciones, inicialmente lideradas por comerciantes, se extendieron a múltiples sectores sociales descontentos con la gestión del Gobierno.
Según un funcionario iraní que prefirió mantenerse en anonimato, los enfrentamientos han dejado más de 5 mil muertos, incluidos 500 miembros de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos extranjeras reportan alrededor de 3 mil 500 víctimas, y alertan que los datos reales podrían ser mayores debido al apagón informativo que afecta al país desde el 8 de enero.
Advertencia de yihad y respuesta internacional
La comisión parlamentaria de seguridad nacional declaró que “cualquier ataque contra el Líder Supremo supone una declaración de guerra contra todo el mundo islámico y debe esperarse la emisión de un decreto de yihad por parte de eruditos islámicos”. Este anuncio busca disuadir cualquier agresión directa y consolidar la autoridad del régimen ante tensiones crecientes con Estados Unidos.
En respuesta a la represión de las protestas, la ONU convocó una reunión de emergencia, apoyada por 21 países, incluidos Alemania, Gran Bretaña e Islandia, para analizar la situación de los derechos humanos en Irán. Glenn Payot, integrante de Impact Iran, calificó la sesión como una oportunidad para que la comunidad internacional exija el fin de la violencia contra manifestantes pacíficos.
Human Rights Watch también pidió que se fortalezca la investigación existente sobre violaciones a los derechos humanos en Irán, establecida en 2022 por el Consejo de Seguridad.
Aislamiento internacional y sanciones
El Foro Económico de Davos retiró la invitación a la delegación iraní como respuesta a la represión de manifestantes, medida que fue criticada por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien la calificó de “basada en mentiras y presiones políticas de Israel y Estados Unidos”.
Araqchi publicó en X un video con imágenes de las protestas y responsabilizó a Israel y Estados Unidos de coordinar los disturbios, mientras criticó lo que considera un “doble rasero moral” al permitir la participación de Israel en el Foro.
Impacto del apagón y la crisis económica
Desde el 8 de enero, Irán vive un apagón de internet que reduce la conectividad al 1%, según NetBlocks. Este corte ha afectado la comunicación familiar y el comercio en línea, provocando pérdidas millonarias. Comerciantes de Teherán reportaron que sus ingresos cayeron hasta un 90%, afectando especialmente a quienes dependían de redes como Instagram y Telegram para vender sus productos.
El viceministro Ehsan Chitsaz estimó que el apagón diario cuesta entre 2.8 y 4.3 millones de dólares, mientras que NetBlocks eleva la cifra hasta 37 millones de dólares diarios, evidenciando el grave impacto económico de las medidas de censura.
Situación política y social
La combinación de represión, aislamiento internacional y crisis económica ha dejado a Irán en una situación crítica, con el riesgo de nuevas protestas y tensiones que podrían extenderse más allá de sus fronteras. Las autoridades buscan consolidar el control mientras el mundo observa, y la comunidad internacional continúa instando al respeto de los derechos humanos y la protección de los manifestantes.
