Jair FigueroaLa política de seguridad en América Latina atraviesa un proceso de ajuste luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara su presión contra el crimen organizado y destacara el modelo de mano dura implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo que ha llevado a varios gobiernos progresistas de la región a modificar sus estrategias frente a la violencia.
Presión internacional y cambios en la agenda regional
Durante el último año, la administración de Donald Trump ha adoptado una postura más estricta hacia América Latina en materia de seguridad. Entre las medidas anunciadas se encuentra la designación de varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, así como advertencias de posibles acciones militares en países de la región.
El mandatario estadounidense también ha señalado públicamente al presidente salvadoreño Nayib Bukele como un referente en el combate contra las pandillas, lo que ha incrementado el debate regional sobre la efectividad de las políticas de seguridad basadas en el uso intensivo de la fuerza.
El modelo de seguridad de El Salvador
Reducción de homicidios y respaldo ciudadano
Desde la implementación del estado de emergencia en 2022, El Salvador ha registrado una disminución sostenida en los homicidios. De acuerdo con cifras oficiales, el país pasó de miles de asesinatos anuales a menos de un centenar en 2025.
Estas cifras han sido utilizadas por el gobierno salvadoreño para promover su estrategia como un modelo exitoso en el combate contra las pandillas, tanto a nivel nacional como internacional.
Cuestionamientos internacionales
El estado de emergencia en El Salvador se mantiene vigente casi cuatro años después de su implementación. Durante este periodo, más de 90 mil personas han sido detenidas, lo que ha generado señalamientos por parte de organismos de derechos humanos sobre posibles abusos y detenciones arbitrarias.
A pesar de ello, el enfoque ha ganado respaldo entre sectores de la población y ha influido en la discusión sobre seguridad en otros países de la región.
Guatemala declara estado de emergencia
Violencia y respuesta del gobierno
Guatemala se convirtió en el caso más reciente de endurecimiento de la política de seguridad. Tras una serie de motines en centros penitenciarios y el asesinato de 10 policías en la capital, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de emergencia por 30 días.
La medida restringe temporalmente algunos derechos constitucionales, como la libertad de movimiento, reunión y protesta, y fue aprobada por el Congreso guatemalteco.
Arévalo señaló que la decisión busca recuperar el control del sistema penitenciario y combatir a las pandillas, a las que calificó como responsables de actos de violencia extrema.
Ajustes en México y Colombia
México refuerza acciones contra el crimen organizado
En México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado las operaciones contra los cárteles, marcando una diferencia con la estrategia de su antecesor, que priorizaba el combate a las causas sociales de la violencia.
Este cambio ocurre en un contexto de presión internacional y de demandas internas por resultados más visibles en materia de seguridad.
Colombia y el uso de fuerzas militares
En Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrenta dificultades para avanzar en su política de “paz total”, luego del estancamiento de los diálogos con grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ante este escenario, el gobierno colombiano ha incrementado la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad, incluso contemplando acciones conjuntas con países vecinos para contener la violencia.
Expansión del enfoque punitivo en la región
Además de Guatemala, otros países como Ecuador, Honduras y Costa Rica han adoptado medidas inspiradas en el modelo salvadoreño. En Costa Rica, recientemente se inauguró un centro penitenciario diseñado bajo parámetros similares a los de la prisión de máxima seguridad de El Salvador.
Estos movimientos reflejan una tendencia regional hacia políticas de seguridad más estrictas, impulsadas por la presión social, el contexto internacional y la urgencia de contener el crimen organizado.
Seguridad y gobernabilidad
El endurecimiento de las estrategias de seguridad se produce en un momento de alta demanda ciudadana por resultados inmediatos frente a la violencia. Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentan el desafío de mantener el equilibrio entre la aplicación de medidas extraordinarias y el respeto al marco constitucional.
La evolución de estas políticas marcará el rumbo de la seguridad pública en América Latina en los próximos años.