Jair FigueroaLa Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inició una investigación formal contra Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se le acusa de un presunto abuso de funciones tras admitir una millonaria demanda de indemnización sin tener las facultades legales para hacerlo.
El recurso admitido favorece a Roberto Moreno, exsecretario técnico del sistema, quien reclama un pago de 4.5 millones de pesos públicos. La denuncia contra Talavera fue presentada el pasado 24 de junio de 2026 y ya superó los primeros filtros legales para convertirse en un expediente de investigación oficial.
La polémica demanda de los 4.5 millones de pesos
El conflicto central radica en que Patricia Talavera dio trámite a una reclamación por responsabilidad patrimonial promovida por Roberto Moreno. El exfuncionario afirma que una «actividad administrativa irregular» lo obligó a renunciar a su cargo en febrero de 2025. Con este recurso, Moreno busca que el Estado le pague salarios y prestaciones caídas.
Sin embargo, la denuncia ciudadana interpuesta ante la SABG señala que Talavera carece de las atribuciones jurídicas para admitir dicho trámite. Por este motivo, la funcionaria habría incurrido de nueva cuenta en una falta administrativa grave al ostentarse con facultades que la ley no le otorga.
Un historial de denuncias y parálisis institucional
Este caso no es el primer señalamiento que enfrenta la actual titular. En enero de 2026, Talavera fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción por cargos similares. Además, su nombramiento original en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) está en entredicho desde 2022 por la falta de firmas oficiales en su constancia de designación.
A seis meses de haber asumido el liderazgo del SNA, la gestión de Talavera destaca por la inactividad. El Comité Coordinador y la Junta de Gobierno, que reúnen a los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Anticorrupción, no han sesionado ni una sola vez en lo que va del año.
La Junta de Gobierno del sistema se negó a renovar el contrato de honorarios de Talavera a inicios de año, una resolución que coincide con las investigaciones vigentes. El avance del expediente de la SABG determinará si la presidenta es separada de su cargo o si enfrentará sanciones económicas y penales en los próximos meses.
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