Jair FigueroaUn tribunal de Miami dictó sentencia condenatoria contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas, quienes deberán pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano. La resolución forma parte de un caso vinculado al esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.
La Secretaría de Hacienda informó que la condena corresponde a reparación del daño patrimonial ocasionado al gobierno mexicano por la participación de los Weinberg en operaciones ilícitas relacionadas con contratos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado a los Weinberg como prestanombres de García Luna en diversos esquemas de lavado de dinero y contratación irregular.
Acreditan participación en esquema de corrupción
Durante el proceso judicial se comprobó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos para obtener contratos públicos de manera indebida. Los acusados también participaron en la transferencia y ocultamiento de recursos obtenidos ilegalmente.
Las autoridades integraron un amplio acervo probatorio que incluyó documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional entre México y Estados Unidos.
El tribunal de Florida determinó que los condenados participaron activamente en el esquema de corrupción que operó durante la administración calderonista, cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública.
Condenas suman más de 3 mil millones de dólares
Esta resolución se suma a las sentencias previas obtenidas contra Genaro García Luna y su esposa, dictadas en mayo de 2025 por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares.
Con la nueva condena contra los Weinberg, el monto total de las sentencias a favor del Estado mexicano por este esquema de corrupción asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares.
La Secretaría de Hacienda explicó que la sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas.
Las autoridades mexicanas continúan los procedimientos para recuperar los recursos sustraídos del erario público durante el periodo en que García Luna ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública.
El caso representa uno de los esquemas de corrupción más grandes documentados en la historia reciente de México, involucrando funcionarios de alto nivel y redes internacionales de lavado de dinero.