El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, necesitará entregar información sobre funcionarios de mayor jerarquía si busca obtener beneficios judiciales en Estados Unidos. Según expertos legales, los nombres que ya reveló al Departamento de Justicia no serían suficientes para conseguir un trato preferencial.
El abogado penalista Alfredo Morales advirtió que la justicia estadounidense exige información sobre personas más importantes y de mayor rango que no figuren en la lista actual de diez funcionarios y exfuncionarios ya denunciados.
«Para que la justicia estadounidense otorgue cualquier calidad de testigo, es indispensable que el acusado aporte información que involucre a personas más importantes», explicó Morales.
Los nombres actuales no bastan para negociar
El especialista señaló que la información sobre los actores ya mencionados, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza, podría no ser suficiente. Estos nombres ya forman parte de la investigación del Departamento de Justicia.
«Por menos no», sentenció el penalista, sugiriendo que Mérida debe ofrecer datos sobre figuras aún más relevantes para obtener beneficios significativos.
La estrategia de cooperación requiere que el acusado revele información nueva y de mayor impacto que la ya conocida por las autoridades estadounidenses.
Dos tipos de protección disponibles para Mérida
Morales explicó que existe una «diferencia abismal» entre las figuras legales disponibles para Mérida en el Distrito Sur de Nueva York:
Testigo Cooperante: Esta figura busca principalmente una reducción de pena. Los cargos que enfrenta Mérida por narcotráfico y posesión de armas de alto calibre oscilan entre 40 años de prisión y cadena perpetua.
Testigo Protegido: Representa el beneficio máximo. La persona no solo reduce su condena, sino que puede obtener una nueva identidad y vivir en libertad bajo protección oficial.
La declaración de inocencia no cierra las negociaciones
Aunque Gerardo Mérida se declaró «no culpable» ante un tribunal de Manhattan el 15 de mayo pasado, esto no impide una futura colaboración con la justicia estadounidense.
El penalista explicó que existe un periodo previo al juicio donde la defensa y la fiscalía negocian acuerdos. En casos de alto perfil como este, la mayoría de procesos terminan en negociaciones antes del juicio oral.
Mérida se entregó a la custodia federal estadounidense en la garita de Nogales, Sonora, donde habría iniciado las primeras negociaciones con el Departamento de Justicia. Su disposición a cooperar podría definir tanto la duración de su condena como su futuro después del proceso judicial.
