Filiberto Cruz MonroyEl Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión histórica: prohibió a servidores públicos, incluida la Presidencia de la República, hacer promoción de candidaturas o llamados al voto para la elección judicial del 1 de junio. ¿La razón? Solo el INE podrá difundir información sobre el proceso, garantizando neutralidad y evitando el uso de recursos públicos con fines políticos.
En una sesión extraordinaria, los consejeros Arturo Castilla Loza y Jaime Rivera destacaron que, según el artículo 506 de la LGIPE, ninguna autoridad —ni siquiera Claudia Sheinbaum— puede usar su posición para influir en la elección. «El gobierno no puede utilizar propaganda gubernamental para llamar al voto», advirtió Rivera, subrayando el riesgo de falta de neutralidad.
Además, el INE ratificó que ministros de culto tampoco pueden promover candidatos, reforzando el carácter independiente del proceso. Mientras tanto, la ministra Loreta Ortiz Ahlf reafirmó su autonomía: «Ningún partido político dicta mi voto», recordando un caso donde votó en contra de los intereses del fiscal general Gertz Manero.
Prospectiva
Esta medida del INE podría marcar un precedente en la transparencia electoral, limitando la influencia del gobierno en procesos democráticos. Sin embargo, ¿será suficiente para evitar la polarización política en futuras elecciones? La elección judicial de junio será la primera prueba.