Jair FigueroaEl Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este lunes 29 de julio de 2025 la aplicación de sanciones contra 121 juzgadores, entre ellos electos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por diversas irregularidades cometidas durante la elección judicial 2024-2025, incluyendo su aparición en los polémicos acordeones utilizados para orientar el voto.
La sesión del Consejo General abordará más de 100 proyectos de resolución que documentan las faltas cometidas por jueces, magistrados, aspirantes y funcionarios públicos vinculados a las campañas. El objetivo del INE es garantizar la legalidad, transparencia y equidad en este proceso inédito que designó cargos clave del Poder Judicial mediante el voto popular.
Más de 100 irregularidades detectadas
Los proyectos de resolución incluyen conductas que van desde violaciones al financiamiento electoral, uso indebido de recursos públicos y participación en propaganda prohibida, hasta la presencia en listas de «acordeones» que fueron ampliamente distribuidos en casillas, y que generaron una fuerte polémica sobre la manipulación del voto.
“Es necesario sentar precedentes claros para evitar que se repitan estas prácticas en futuros procesos”, señalaron fuentes del INE cercanas a los proyectos.
Entre los implicados destacan Arístides Rodrigo Guerrero García, Jazmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, quienes fueron electos para la Suprema Corte, así como magistrados, jueces de distrito y figuras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Qué son los acordeones y por qué causan polémica?
Los llamados “acordeones” son hojas impresas distribuidas de manera masiva en las jornadas electorales, que indicaban a quién votar y para qué cargo. Aunque no son técnicamente ilegales, su uso se interpreta como una forma de coacción indirecta del voto, especialmente si están vinculados a campañas financiadas con recursos públicos o sin fiscalización.
El uso de estos documentos encendió las alertas ciudadanas y de organizaciones civiles, que han exigido sanciones ejemplares para quienes participaron en su distribución y promoción, alegando que distorsionan la voluntad popular en procesos democráticos.
Morena y funcionarios bajo la lupa
Las sanciones propuestas por el INE también alcanzan a funcionarios públicos vinculados a Morena, el partido en el poder. Entre ellos se encuentran:
- Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
- Araceli Damián González, secretaria de Bienestar e Igualdad Social de CDMX.
- Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal.
- Luis Alberto Chávez García, diputado local.
- Norma Angélica Lucía Saldaña, funcionaria del Gobierno capitalino.
Estos funcionarios habrían incurrido en promoción indebida del voto, actos anticipados de campaña o desvío de recursos institucionales para beneficiar a ciertas candidaturas.
Elección judicial: un proceso bajo cuestionamiento
La elección judicial 2024-2025, primera en su tipo, permitió que ciudadanos votaran por ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, una reforma impulsada por el Gobierno federal con el objetivo de democratizar el Poder Judicial.
Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por irregularidades, falta de fiscalización, propaganda anticipada y opacidad en los criterios de selección. El uso de acordeones fue uno de los aspectos más polémicos, al igual que la presencia de candidatos sin carrera judicial o con vínculos políticos evidentes.
¿Qué consecuencias podrían enfrentar los sancionados?
De aprobarse los proyectos del INE, las sanciones pueden incluir:
- Multas económicas.
- Cancelación del registro como candidatos.
- Inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.
- Procedimientos ante el Tribunal Electoral.
Aunque en la mayoría de los casos no se anularán los resultados de la elección, las sanciones buscarán disuadir la repetición de estas prácticas y reforzar el papel del INE como garante de los procesos democráticos, incluso en la nueva lógica de elección directa de jueces.
¿Y la ciudadanía?
Organismos civiles, abogados y académicos han pedido al INE más firmeza, mayor vigilancia y total transparencia en este tipo de procesos. “No puede haber justicia si quienes la imparten llegan con trampas”, expresó recientemente el Colectivo Ciudadanía Judicial.
El reto de construir legitimidad
El proceso sancionador del INE no solo busca castigar irregularidades, sino fortalecer la credibilidad de un modelo que aún genera dudas. La elección judicial directa representa un cambio estructural profundo, pero su éxito depende de la limpieza y la confianza ciudadana en cada etapa del proceso.
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