Filiberto Cruz MonroyEl proceso de extinción de siete organismos autónomos en México, aprobado por el Congreso de la Unión, deja un saldo de más de mil quejas pendientes relacionadas con solicitudes de información no resueltas y numerosas investigaciones sobre posibles prácticas monopólicas. Entre los afectados se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros. A la fecha, estos organismos enfrentan una creciente acumulación de tareas no resueltas, lo que podría afectar la transición de sus funciones a dependencias del Ejecutivo Federal.
Hasta el 20 de noviembre, el Inai tenía pendientes de resolver 1,041 recursos de revisión relacionados con ciudadanos que solicitaron información pública y no la recibieron. Entre estos recursos, hay casos delicados que involucran seguridad nacional y amparos contra la negativa de sujetos obligados a entregar la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Además, existen 782 fallos emitidos por el Inai que aún no han sido cumplidos, afectando tanto la protección de datos personales como el acceso a la información pública.
Este panorama deja en evidencia que la extinción de los organismos autónomos podría impactar la resolución de estos casos, a menos que se establezca una transición eficiente hacia las nuevas dependencias encargadas de asumir sus funciones. El Senado aprobó el jueves pasado la reforma constitucional que extiende su desaparición, lo que requiere la ratificación de al menos 17 Congresos locales para entrar en vigor.
La reforma constitucional que propone la desaparición de los organismos autónomos como el Inai, Cofece, IFT, Coneval, CRE, CNH y Mejoredu ha sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Una vez que al menos 17 Congresos locales aprueben la reforma, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. La nueva normativa establece un plazo de 90 días para que el Congreso apruebe las leyes secundarias que definirán el proceso de transición de funciones a las dependencias federales correspondientes.
Entre los organismos más relevantes afectados por esta reforma está la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que ha sido clave en la supervisión de las prácticas comerciales en México, como las investigaciones sobre el posible abuso de poder de mercado de empresas como Walmart de México y Centroamérica.
Una de las investigaciones más mediáticas que involucra a Cofece es la que analiza las presuntas prácticas monopólicas de Walmart, en relación con su estrategia de precios en el sureste de México. La investigación, iniciada en octubre de 2023, busca determinar si Walmart ha estado involucrada en un abuso de poder de mercado en el abastecimiento, distribución mayorista y comercialización minorista de productos de consumo, con el fin de ganar ventaja competitiva mediante una reducción agresiva de precios.
Eduardo Mendoza, comisionado de la Cofece, enfatizó la importancia de contar con reguladores especializados para garantizar una competencia justa en el país. Mendoza argumentó que, aunque el organismo ha tomado medidas importantes para recuperar el costo social de la falta de competencia y las prácticas monopólicas, la colaboración del Estado es esencial para asegurar el éxito de estas políticas. El comisionado subrayó que las conductas monopólicas afectan directamente a las personas con menores recursos y que el país necesita fortalecer sus mecanismos de regulación para lograr un mayor bienestar social.