Filiberto Cruz MonroyLa Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos anunció que investigará la conformación de la carpeta de investigación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa. La decisión llega después de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechara la solicitud de desafuero por inconsistencias en el expediente. El fiscal Edgar Maldonado Ceballos aseguró que se revisará el caso y no descartó sanciones contra funcionarios responsables de las irregularidades.
El expediente, iniciado en 2024 bajo la administración del exfiscal Uriel Carmona Gándara, presentó deficiencias que impidieron avanzar con el desafuero. Maldonado Ceballos destacó que la denuncia se presentó en octubre de 2024, pero la carpeta se integró hasta febrero de 2025, bajo otra administración. «Habrá un seguimiento para resarcir lo que en derecho proceda», afirmó.
Legisladoras de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la decisión de la Sección Instructora y llamaron a las 251 diputadas a votar en contra de desechar el caso cuando llegue al Pleno. María Teresa Ealy (Morena) calificó a Blanco como un «asqueroso personaje» y exigió que el fuero no sea un escudo para evadir responsabilidades. «Las víctimas merecen que estemos firmes», dijo.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Burgos (Morena), convocó a las diputadas a marcar la diferencia en la votación. «Somos 251 diputadas, y si todas estamos a favor, tendrá que reflejarse en el tablero», advirtió. Julieta Vences (Morena) pidió no politizar el caso, pero recordó que otras solicitudes de desafuero, como la del priista Alejandro Moreno, también están en la impunidad.
La panista Ana María Balderas lamentó que la Sección Instructora le haya fallado a miles de mujeres. «¿De qué sirven las leyes si no las usamos?», cuestionó, criticando la investigación deficiente de la Fiscalía de Morelos. «Debemos ser garantes de que el fuero no proteja delitos», demandó.
Prospectiva
El caso de Blanco ahora pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá si se admite o desecha definitivamente el desafuero. Si las diputadas logran un frente común, podrían revertir la decisión de la Sección Instructora. Sin embargo, la sombra de la politización y las deficiencias en la investigación podrían entorpecer el camino hacia la justicia. La pregunta es: ¿México priorizará la protección de las víctimas o seguirá protegiendo a sus políticos?