Jair FigueroaLa jueza de Control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, impuso medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González que restringen su libertad de expresión, al obligarlo a someter previamente sus contenidos a revisión por parte de Derechos Humanos y un interventor judicial. La orden ha provocado una ola de repudio de organizaciones defensoras del periodismo libre, que califican la medida como una forma inaceptable de censura previa.
El fallo fue emitido el pasado martes 15 de julio como parte de un proceso en el que se acusa al periodista de “incitar al odio” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Las restricciones incluyen la obligación de contar con un “censor” en su programa semanal Expedientes, así como la prohibición de mencionar a la mandataria en cualquier contenido sin aprobación previa.
“Lo que hoy es noticia, mañana es historia”
Jorge Luis González, de 71 años y con más de 50 en el oficio periodístico, considera que aceptar estas condiciones equivaldría a renunciar a sus garantías constitucionales.
“Me exigen que espere hasta 48 horas para publicar una nota. Eso destruye el sentido del periodismo. Lo que hoy es noticia, mañana es historia”, expresó en entrevista con El Universal. Exdirector de Tribuna Campeche, medio que dirigió por más de tres décadas, denuncia que se busca acallar cualquier crítica al gobierno local.
“La intención es clara: que no haya comentarios que irriten a la gobernadora. Es un intento por silenciar, por apagar la información”, subrayó el comunicador.
El regreso del autoritarismo
La resolución judicial generó la condena inmediata de organizaciones como Artículo 19 y la Alianza de Medios Mx. Esta última calificó la decisión como “una forma de censura previa incompatible con la libertad de expresión” y advirtió que representa un precedente grave para la democracia mexicana.
Ambas agrupaciones recordaron que el 11 de julio un tribunal federal ya había declarado inconstitucionales las restricciones previas que se habían impuesto al periodista, incluyendo la clausura de su medio. Sin embargo, la nueva orden reincide en limitar su cobertura, pero ahora mediante un interventor judicial y la prohibición expresa de mencionar a la gobernadora.
¿Periodismo con permiso?
De acuerdo con la orden judicial, todo contenido que se publique deberá pasar primero por una revisión de Derechos Humanos. “Esto destruye la inmediatez de la información. Quieren un periodismo con permiso, y eso no es compatible con la Constitución”, aseguró González.
Para el reportero, lo que ocurre en Campeche es un síntoma de un clima cada vez más hostil hacia la crítica en los gobiernos morenistas. “Se está criminalizando el pensamiento independiente. Hay un apetito feroz por el control absoluto”, advirtió.
“Nos hace falta reaccionar con más fuerza”
González hizo un llamado urgente a los medios de comunicación del país para cerrar filas y no permitir que la censura se normalice en los estados. “Así comienzan los regímenes dictatoriales. Si no reaccionamos ahora, mañana será demasiado tarde”, expresó.
El periodista sostiene que detrás de estas acciones está el objetivo político de eliminar cualquier tipo de crítica antes del fin del sexenio. “Buscan que no haya quien incomode. Que los medios aplaudan o callen. Pero ese no es el papel del periodismo”, señaló.
Sansores niega represión, pero la crítica crece
Por su parte, la gobernadora Layda Sansores ha negado que exista censura en su administración. Aseguró que las acciones emprendidas buscan proteger a las mujeres de la violencia mediática y la humillación. No obstante, estas declaraciones no han detenido la indignación de diversos sectores.
En 2021 circulaban en Campeche cinco periódicos impresos. Hoy, según González, ninguno opera debido a presiones económicas y judiciales desde el gobierno estatal.
Organizaciones alzan la voz
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, declaró que la medida de la jueza “viola directamente el artículo 7° constitucional” y los tratados internacionales que México ha suscrito. Advirtió que este tipo de precedentes, si no se frenan, podrían extenderse a otras entidades.
“La independencia judicial en los estados es endeble. Lo preocupante es que los tribunales estén siendo utilizados como herramientas de represión política”, enfatizó.
Censura previa: un riesgo para todos
La Alianza de Medios Mx subrayó que “utilizar al Poder Judicial para condicionar el trabajo periodístico es inadmisible”. Además, llamó a los poderes públicos a respetar el derecho a informar, una piedra angular de toda democracia.
La comunidad periodística nacional ha comenzado a movilizarse ante lo que consideran un grave retroceso en materia de derechos humanos. La vigilancia ciudadana será clave para impedir que se impongan más casos similares.
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