Héctor O. CarriedoEn el sexenio 2018-2024, México logró una reducción histórica de la pobreza multidimensional, al disminuir de 51.9 millones de pobres en 2018 (41.9% del total de su población) a 38.5 millones en 2024 (29.6%); esto es, 13.4 millones de personas dejaron su situación de pobreza. La pobreza extrema también bajó en 1.8 millones de personas, al pasar de 8.7 millones (7.2%) que había en 2018 a 6.9 millones (5.3%) en 2024.
En términos de pobreza por ingresos, la proporción de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza se redujo de 49.9% (61.8 millones) en 2018 a 35.4% (46 millones) en 2024, una mejora de 15.8 millones de personas. Este avance es el más significativo en las últimas tres décadas, superando por mucho a los sexenios anteriores.
También el coeficiente de Gini con el que se mide la desigualdad (1 mayor desigualdad, 0 igualdad) pasó de 0.426 en 2018 a 0.391 en 2024, reflejando una distribución más equitativa del ingreso, en razón del aumento del salario mínimo y las transferencias a derechohabientes (no clientes ni beneficiarios) de programas sociales.
La disminución de la pobreza multidimensional se debe, sobre todo, al aumento de los ingresos laborales por los incrementos reales al salario mínimo y a la reforma al outsourcing, ya que la formalización laboral permitió que más trabajadores accedieran a salarios estables y beneficios laborales, con lo cual se elevó el ingreso por persona en los hogares mexicanos.
El INEGI estimó que 6.64 millones de personas salieron de la pobreza exclusivamente por el aumento real del salario mínimo, que aumentó un 113% en el lapso 2018-2024, pasando de 88.15 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos diarios en 2024 (en la zona libre de la frontera norte, superó los 374 pesos). Esto benefició directamente a los trabajadores formales, especialmente en los estratos de menores ingresos, donde el ingreso creció un 41% comparado con un 14% en el estrato más rico.
La reforma para regular el outsourcing en México, implementada a partir de abril de 2021, tuvo un impacto significativo en la reducción de la pobreza multidimensional en el sexenio 2018-2024, al contribuir a la formalización del empleo y al aumento de los ingresos laborales. Esta reforma prohibió la subcontratación de personal para actividades relacionadas con el objeto social de las empresas y promovió la contratación directa, e impactó en el acceso a seguridad social, un componente clave de la medición de la pobreza multidimensional.
Los Programas para el Bienestar, como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, alcanzaron una cobertura amplia, representando el 17.7% del ingreso familiar en 2024. A diferencia de sexenios anteriores, estos programas no se otorgaron de manera focalizada, condicionada y clientelar, sino como como derechos sociales garantizados por el Estado, lo que permitió ampliar su cobertura y alcance, contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza multidimensional; en particular, el acceso a alimentación pasó de 27.5 millones con carencia en 2018 a 18.7 millones en 2024.
Estos datos contrastan con las cifras negativas registradas y acumuladas en los dos sexenios anteriores juntos (2006-2018), ya que en dicho lapso la pobreza por ingresos, en lugar de disminuir, aumentó en 15.3 millones de personas, tal como lo destaca el economista Gerardo Esquivel en un artículo reciente, con datos del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del INEGI.
En efecto, según el Coneval, en 2006 el 42.7% de la población mexicana vivía en situación de pobreza por ingresos, lo que equivale a 46.5 millones de personas, considerando una población total estimada entonces en 106.5 millones; para 2018, el mismo Coneval reportó que el 48.8% de la población estaba en pobreza por ingresos, lo que corresponde a 61.8 millones de personas, de una población total estimada para ese año en 125 millones. La diferencia entre 61.8 millones (2018) y 46.5 millones (2006) arroja un aumento de 15.3 millones de personas en condiciones de pobreza por ingresos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
La pobreza por ingresos se mide considerando si el ingreso de un hogar es inferior a la línea de pobreza (valor de la canasta alimentaria y no alimentaria). Esta métrica es distinta de la pobreza multidimensional, que incluye carencias sociales como acceso a salud, educación, vivienda, seguridad social, servicios básicos y alimentación. El hecho es que también la pobreza multidimensional aumentó en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, al pasar de 45.5 millones de personas en 2006 a 52.4 millones en 2018, es decir 6.9 millones de nuevos pobres generados en dichos sexenios neoliberales. Estos son datos contundentes y lapidarios que dan cuenta de la inefectividad de las políticas públicas implementadas por la tecnocracia neoliberal, obedeciendo dogmas y lineamientos dictados por el Banco Mundial, la OCDE y el FMI.
Al revisar la política de salarios mínimos e incrementos sexenales en el lapso 1994- 2018, se encuentra que los incrementos al salario mínimo, fueron marginales, indignos e insultantes, y estuvieron alineados con la inflación con el único fin de evitar presiones económicas al sector empresarial. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró consistentemente, siguiendo la tendencia iniciada después de las crisis económicas y financieras de 1976 y 1982, recrudecidas en 1987, y los pactos económicos con el sector privado y el sindicalismo charro del periodo 1987-1996.
En ello jugó su papel la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), un organismo público descentralizado (con participación tripartita) creado en 1962, cuyo propósito fundacional es fijar los salarios mínimos generales y profesionales, asegurando que cumplan con el mandato constitucional de ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia trabajadora, considerando las condiciones económicas y sociales del país, finalidad que durante el largo trayecto neoliberal nunca cumplió.
Un hecho significativo tiene que ver con que Basilio González Núñez, quien fuera su titular en el lapso 2001-2017 se mantuvo en el cargo en calidad de testaferro durante un periodo prolongado, sosteniendo dogmáticamente un enfoque de incrementos moderados ligados a la inflación, lo que da cuenta del conservadurismo anodino y la pésima gestión de la política laboral de los gobiernos neoliberales durante décadas, así como de la entrega de la CONASAMI a intereses patronales sin sensibilidad a las demandas añejas y legítimas de los trabajadores y las clases mayoritarias del país.
En el sexenio de Zedillo, el salario mínimo general en 1995 era de 18.33 pesos diarios y para 2000 alcanzó solo 37.90 pesos diarios, con una pérdida acumulada de poder adquisitivo cercana al 20%. La administración Fox mantuvo una política de contención salarial, con incrementos que apenas cubrían la inflación. El salario mínimo general pasó de 37.90 pesos diarios en 2000 a cerca de 48.67 pesos diarios en 2006. Los incrementos reales fueron mínimos, frisando el 0-2% anual después de ajustar por inflación.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el salario mínimo general siguió deteriorándose al pasar de 48.67 pesos diarios en 2006 a escasos 62.33 pesos en 2012; el aumento real fue prácticamente nulo, manteniendo la tendencia pronunciada de pérdida de poder adquisitivo.
En la administración de Enrique Peña Nieto la política salarial siguió siendo de contención y conservadora; si bien los incrementos al salario mínimo fueron ligeramente superiores a la inflación, tambien fueron insuficientes para recuperar el poder adquisitivo perdido. Destaca el hecho de que en 2017 se introdujo el Monto Independiente de Recuperación (MIR), como mecanismo para aumentar el salario mínimo sin que sirviera como referencia para otros salarios contractuales, marcando un ligero cambio hacia una recuperación gradual. El salario mínimo pasó de 62.33 pesos diarios en 2012 a 88.36 pesos en 2018. El aumento real acumulado fue cercano al 10%.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador marcó un hito histórico con una renovada política de salarios mínimos para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1976. Los incrementos fueron significativos, con el objetivo de que el salario mínimo cubriera al menos una canasta básica y avanzara hacia 2.5 canastas básicas para 2030. Con ello se logró un incremento real acumulado del 116.4% en el sexenio, notablemente mayor al de los seis sexenios anteriores.
La Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), creada en 2019, aplicó un salario mínimo más alto en 43 municipios fronterizos. Cabe destacar que los incrementos han reducido la brecha salarial de género y la pobreza laboral, beneficiando principalmente a los hogares de menores ingresos.
En el actual periodo sexenal de gobierno a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el primer incremento para 2025 fue del 12%, menor que los del sexenio anterior, pero alineado con el objetivo de alcanzar 2.5 canastas básicas para 2030. El salario mínimo general se fijó en 278.80 pesos diarios y en 419.88 pesos en la ZLFN. La actual CONASAMI ha enfatizado que los incrementos no deben ser referencia para salarios contractuales, para evitar impactos inflacionarios.
Epílogo
De todo lo antes expuesto surge la siguiente reflexión: La Política es, a fin de cuentas, la lucha de intereses de clase entre facciones y actores que representan al capital y el trabajo, en la disputa por la distribución más equitativa del producto total entre los factores de la producción, para lo cual el Estado- gobierno debe fungir como equilibrador y conciliador de los intereses en pugna. No obstante ello, durante la larga etapa de seis sexenios de los gobiernos neoliberales, el Estado-gobierno abandonó su papel de velar por los intereses de las mayorías y, por lo contrario, entregó (entre otras políticas sectoriales) la política laboral a la parte patronal, imponiendo, por décadas, la contención salarial y como dogma: más mercado y menos Estado.
Ello provocó, por decir lo menos, el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los trabajadores del campo y las ciudades, el aumento de la informalidad, la precarización del trabajo y la notable insuficiencia de empleo decente, en particular en regiones del sur del país de menor desarrollo económico relativo.
La evidencia es contundente. Durante más de 35 años las políticas laboral y social (como otras políticas sectoriales) fueron entregadas a intereses de actores políticos elitistas, tecnócratas fundamentalistas del mercado y oligarcas del más rancio conservadurismo, sin lograr resultados favorables ni avances significativos, lo mismo en la reducción de la pobreza laboral y la informalidad, que en otras condiciones materiales de vida de las clases sociales mayoritarias empobrecidas, no solo por crisis económicas y financieras (1976,1982,1987,1994,2008), sino también por la inequidad y exclusión del modelo económico concentrador del ingreso y la riqueza y las políticas públicas inefectivas de los gobiernos neoliberales.
Sin ninguna duda, la transformación en materia de política social y laboral en el sexenio 2018-2024, rompió envejecidos paradigmas y mitos como que el aumento de los salarios mínimos provoca más inflación y desempleo. Más bien, priorizar la equidad e inclusión, desde el Estado, permite reducir la pobreza y la desigualdad a fin de garantizar la justicia social.