Tres militares murieron y dos resultaron heridos tras una emboscada con ponchallantas en la carretera Morelia-Zamora (Michoacán). Los atacantes cortaron la vía y abrieron fuego contra el convoy, según reportes preliminares. Las identidades de las víctimas y el estado de los lesionados se mantienen en reserva, mientras la Fiscalía de Michoacán inicia indagatorias sin detenidos.
El ataque se suma a una escalada de violencia en la zona. Horas antes, en Guadalupe de Lerma (Jalisco), un enfrentamiento entre grupos armados y fuerzas federales dejó dos guardias nacionales muertos y dos policías heridos. Los choques se extendieron a municipios como Yurécuaro, Zamora y Tanhuato, donde reinan disputas entre cárteles por rutas de droga y extorsión.
En respuesta a los ataques, grupos criminales bloquearon tramos de las carreteras Zamora-La Piedad y La Piedad-Jiquilpan con vehículos en llamas, paralizando el transporte y aislando comunidades. Testigos reportaron disparos y ráfagas de cuernos de chivo, mientras habitantes cercanos se refugiaron en sus hogares.
La Secretaría de Seguridad de Michoacán activó un operativo interinstitucional con ejército, Guardia Nacional y policías estatales para recuperar el orden. Patrullajes aéreos y terrestres buscan a los responsables, aunque la falta de detenidos revela los desafíos de inteligencia en la región.
Prospectiva
Esta emboscada evidencia la audacia de los grupos criminales en el Corredor del Pacífico, donde el CJNG y Cárteles Unidos libran una guerra por el control. Si el gobierno no refuerza estrategias de inteligencia y presencia territorial, Michoacán podría enfrentar una narcoguerra abierta, con consecuencias devastadoras para civiles y economía local. La pregunta es clara: ¿México repetirá los errores del pasado o habrá un giro táctico?
