Jair FigueroaDurante la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Grupo Salinas, encabezado por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, denunció que en México persisten estrategias de censura, hostigamiento y judicialización dirigidas a acallar a periodistas y medios críticos del gobierno federal, actualmente encabezado por Morena.
La declaración fue hecha en el marco del foro sobre Judicialización y Censura, donde el conglomerado mediático —dueño de TV Azteca y otros medios de comunicación— advirtió que el espacio para la libertad de expresión en México se ha ido reduciendo desde 2018, cuando el partido oficial llegó al poder.
“Se han normalizado la persecución, la exhibición pública y la estigmatización de las voces críticas. Hoy la censura no se aplica cerrando medios, sino usando la ley como arma”, sostuvo el consorcio en su posicionamiento oficial, difundido por la agencia Quadratín México.
SIP: preocupación por la judicialización del periodismo
El encuentro de la SIP reunió a representantes de medios, analistas y organismos de prensa de todo el continente para debatir los crecientes riesgos que enfrenta el periodismo en la región.
Durante la sesión, Grupo Salinas advirtió que la judicialización de la crítica se ha convertido en un instrumento de presión política y económica, pues medios y periodistas enfrentan procesos legales y fiscales derivados de su labor informativa.
El grupo recordó los ataques del sexenio pasado, cuando funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusaron a TV Azteca de ser un medio “mentiroso” y “sin autoridad moral”. Según el comunicado, esa narrativa se ha mantenido bajo el nuevo gobierno de Morena, incrementando la confrontación con la prensa.
“Desde el poder se fomenta un modelo de desinformación que usa la estigmatización como mecanismo de control y descrédito”, señaló el consorcio.
Hostigamiento y procesos judiciales
Uno de los casos destacados por Grupo Salinas fue el proceso que enfrenta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presuntos cobros duplicados de impuestos correspondientes a 2008 y 2009.
El conglomerado considera estas acciones parte de una campaña de persecución fiscal y judicial contra empresas o ciudadanos que mantienen una postura crítica hacia el gobierno federal.
“El hostigamiento no solo afecta a medios de comunicación; también impacta a ciudadanos que opinan o cuestionan decisiones gubernamentales”, advirtió el grupo durante la asamblea.
Crisis de la libertad de expresión en México
De acuerdo con la SIP, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con un incremento sostenido de amenazas, campañas de desprestigio y ataques digitales contra comunicadores.
La organización destacó que el uso de procesos judiciales y fiscales como herramienta de censura representa una nueva forma de coerción estatal.
En ese contexto, Grupo Salinas insistió en que las condiciones para el libre ejercicio del periodismo en México se han deteriorado gravemente en los últimos años.
“Aquí seguimos y aquí seguiremos, ejerciendo la libertad de expresión con responsabilidad y sin miedo”, subrayó el posicionamiento.
Un debate continental sobre la censura moderna
El foro de la SIP, celebrado en República Dominicana, abordó además la expansión de tácticas gubernamentales para controlar la información, incluyendo la vigilancia digital, las campañas de desinformación y las demandas estratégicas para intimidar a periodistas.
Expertos coincidieron en que la censura moderna ya no requiere cerrar medios, sino ahogarlos mediante sanciones económicas, persecución fiscal o desprestigio público.
“El poder utiliza la legalidad para legitimar la censura”, afirmó uno de los panelistas.
La denuncia de Grupo Salinas abre un nuevo capítulo en la tensión entre el gobierno federal y los medios de comunicación en México. Mientras el consorcio defiende su papel como voz crítica, desde el oficialismo se argumenta que la aplicación de la ley fiscal o judicial no constituye censura, sino “cumplimiento legal”.
Sin embargo, el debate sobre la libertad de expresión en México sigue vigente y plantea un desafío crucial para la democracia y el pluralismo informativo.
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