El gobierno federal cobrará más impuestos a los mexicanos en 2026 con el fin de mantener los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtió este lunes la organización México Evalúa.
Durante la presentación del informe Erario 2026, Jorge Cano, coordinador de Gasto Público del centro de análisis, explicó que el Paquete Económico 2026 contempla un aumento promedio de más de dos mil pesos por contribuyente frente a 2025, con el objetivo de financiar ayudas fiscales a Pemex por mil 960 pesos por persona.
“Es un escenario indeseable: más carga para los ciudadanos, pero menos alivio para las finanzas públicas”, sostuvo Cano durante su exposición.
Pemex pasa de generar ingresos a ser una carga fiscal
De acuerdo con el estudio, Pemex dejará de aportar al erario por primera vez en su historia, convirtiéndose en un gasto estructural para las finanzas nacionales.
En cifras, se estima que en 2026 Pemex aportará al país mil 731 pesos por ciudadano, lo que representa una caída del 57% respecto a 2016, mientras que los contribuyentes devolverán mil 960 pesos a la empresa para sostener sus operaciones y pagar sus deudas.
“En lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que pagarle 230 pesos de sus impuestos a la petrolera para que siga operando”, advirtió Cano.
La organización señaló que la empresa productiva del Estado dejó de ser una fuente estratégica de ingresos públicos y se transformó en una carga permanente para el presupuesto nacional.
Recaudación récord, pero sin alivio fiscal
El informe detalla que el gobierno federal prevé alcanzar en 2026 una recaudación histórica equivalente al 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB), impulsada por el endurecimiento de la fiscalización, actualización de gravámenes y aplicación de nuevos aranceles.
Sin embargo, México Evalúa considera que este esfuerzo no se traducirá en una mejora del balance fiscal, ya que una parte considerable de los ingresos será destinada a rescatar a Pemex, en lugar de financiar áreas prioritarias como salud, educación o seguridad pública.
“Los contribuyentes están pagando más impuestos, no para mejorar servicios esenciales, sino para sostener una empresa que no logra reducir su deuda ni generar utilidades”, destacó Cano.
Expertos advierten riesgos a las finanzas públicas
La directora general de México Evalúa, Mariana Campos, coincidió en que las finanzas públicas enfrentan una presión creciente, ya que el gobierno destina cada vez más recursos a cubrir los pasivos de Pemex.
“Necesitamos una Ley de Inversión Pública institucional que canalice fondos hacia el capital humano y no hacia rescates estructurales”, señaló Campos.
Agregó que México carece de un plan de infraestructura de mediano y largo plazo, lo que obliga a realizar ajustes coyunturales al gasto público y limita la capacidad del Estado para resolver déficits sociales.
Académicos: el presupuesto 2026 va en sentido contrario
El especialista Víctor Pérez, del área de pobreza de la Universidad Iberoamericana, advirtió que en 40 años las transferencias públicas no han logrado reducir la desigualdad, porque no se han generado entornos de crecimiento económico sostenido.
“Los apoyos no han servido para reducir la pobreza; los programas sociales no bastan si no se fortalece la productividad y la inversión”, enfatizó.
Por su parte, Rodolfo de la Torre, economista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señaló que el presupuesto 2026 contradice recomendaciones internacionales sobre desarrollo sostenible.
“El proyecto no fortalece el Estado de derecho ni la calidad institucional, pilares esenciales para un crecimiento económico estable, según la evidencia de los premios Nobel en economía”, indicó.
Un dilema para las finanzas del país
México Evalúa subrayó que mantener el rescate permanente de Pemex podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que la empresa acumula una deuda superior a los 100 mil millones de dólares y enfrenta una caída sostenida en la producción petrolera.
“El margen fiscal del gobierno se reduce, porque se prioriza el rescate de una empresa en lugar de impulsar sectores productivos o servicios públicos esenciales”, concluyó Cano.
Mientras tanto, el gobierno federal ha defendido la estrategia de apoyo a Pemex como una medida de soberanía energética, pero los analistas advierten que la presión tributaria sobre los ciudadanos seguirá aumentando si no se revierte la dependencia de los ingresos petroleros.
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