Héctor O. CarriedoDurante los primeros nueve meses de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actores políticos y mediáticos que conforman el bloque político opositor a su gobierno, han buscado imponer distintas narrativas en la agenda pública con el propósito de minar la legitimidad y credibilidad de la 4T y llamar a una intervención militar estadounidense en nuestro país, usando y propagando en su discurso mendaz y manipulador etiquetas o campos semánticos tales como: “comunismo”, “narcoterrorismo”, “destrucción de la democracia y la división de poderes”, “deriva” y “regresión autoritaria”, “autoritarismo”, “militarización” y “dictadura”, por mencionar algunas de las principales.
Si se trata de afectar la relación bilateral México-EU e invocar una intervención, incluso militar, del país vecino del Norte, el relato tiene que ver con “narcoterrorismo”, “narcoestado” o “comunismo”. Si los temas son la democracia, división de poderes y libertad de expresión, el relato opositor se centra en etiquetas de “autoritarismo”, “regresión” y “censura”. Cuando la “narrativa” se refiere a seguridad interior el cliché es la “militarización” y “tendencia a la dictadura”. En redes tales como X, Tik Tok y Whatsapp fluyen profusamente (pero sin conseguir nuevos adeptos) la propaganda y desinformación manipuladora, generada por el aparato ideológico y propagandístico de la oposición a la 4T.
De ahí que, entre otras cuestiones, cabe preguntarnos: ¿Es autoritario el gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo?
La teoría política convencional dice que un régimen autoritario limita las libertades de expresión, prensa, asociación y manifestación, mediante la censura, intimidación o represión; suprime a la oposición y utiliza los medios de comunicación para imponer narrativas oficiales y reforzar su poder mediante la configuración de un partido dominante; usa a los cuerpos de seguridad para silenciar y reprimir críticos, activistas, periodistas y movimientos sociales, y se resiste a la transparencia y rendición de cuentas e investigaciones independientes.
Pero el gobierno a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene su origen en un movimiento social popular y procesos democráticos, con elecciones competitivas y, al mismo tiempo, durante su administración prevalecen las libertades políticas fundamentales como la libre expresión, manifestación, organización y participación.
En suma, se trata de un gobierno legítimo respaldado por una abrumadora mayoría popular que se expresó en elecciones pacíficas, confiables, legales y libres. A la vez, se respeta el disenso y se mantiene el pluralismo político.
Desde la dimensión político-administrativa-institucional, las acciones de continuidad de la transformación en marcha requieren la unificación y consenso de las fuerzas mayoritarias, la colaboración entre poderes, la simplificación y austeridad organizacional, la reasignación y concentración de funciones y responsabilidades y la centralización de las decisiones y acciones, en lugar de la dispersión de fuerzas, los lujos y derroches en el gobierno, la contraposición entre poderes, la descentralización, burocratización y dilución de responsabilidades, propias de un régimen centrífugo y poliárquico.
El autoritarismo se caracteriza, principalmente, por la concentración del poder por parte del Poder Ejecutivo, a costa del debilitamiento de los poderes Legislativo y Judicial. Al respecto, si bien intelectuales y actores políticos y mediáticos de oposición han formulado una narrativa crítica inmaterial, formal, idealista y abstracta, que da por hecho la inminente indivisibilidad y pérdida o destruccción de la independencia de poderes, en los hechos, cada uno de los tres poderes del Estado mexicano cumple sus funciones y preserva su independencia y autonomía, aunque con clara tendencia a la colaboración más que a la contraposición, contradicción u obstrucción, mediante lawfare y abierto sabotaje, a las iniciativas y proyectos del Poder Ejecutivo.
En la narrativa de actores políticos y mediáticos de oposición a la 4T se afirma, además, que se aplican restricciones indirectas a la libertad de expresión, y se obstruye la organización y manifestación de la disidencia política, lo que también sería un rasgo de autoritarismo de la 4T. No obstante ello, otra vez en los hechos evidentes y a la vista de todos, se permite y tolera la libertad de expresión, la disidencia política y la crítica de intelectuales y periodistas como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Brozo y Ciro Gómez Leyva, por mencionar los más conspicuos y, en general, de actores políticos y mediáticos que se manifiestan a través de las redes o los medios masivos hegemónicos tradicionales como Televisa, Azteca, Imagen, El Universal, Reforma, Excelsior, Milenio o plataformas digitales como Latinus y La Silla Rota, por lo que hay bastante evidencia y sobran los ejemplos de que no existe censura y todas las columnas críticas se publican regularmente, sin restricciones.
Cierto es que los medios tradicionales y hegemónicos habían tenido históricamente una relación clientelar con el Estado mexicano, sobre todo cuando recibían contratos millonarios de publicidad oficial, prebendas y concesiones a cambio de apoyo político y mediático. La 4T ha transformado esta relación, pero aún hay áreas de oportunidad para democratizar la comunicación de masas y conseguir una mayor pluralidad y medios más libres y menos dependientes de la publicidad oficial.
Lo que sí generó la 4T es un repudio al modelo mediático y comunicacional del régimen anterior. Se ha señalado en forma reiterada a los medios hegemónicos tradicionales como Televisa, Reforma, El Universal, Azteca, entre otros, por su historial de complicidad con el régimen priísta y panista (prianista), acusándolos de desinformar, manipular, defender intereses económicos elitistas y ocultar la corrupción estructural y sistémica de actores relevantes de la clase política y empresarial.
En contraste, la política mediática de la 4T pone énfasis en los menores (de tamaño y alcance) medios públicos y digitales, y primordialmente en las conferencias presidenciales mañaneras como herramientas de comunicación directa, junto con un uso intensivo de redes sociales y trabajo de tierra, para contrarrestar las narrativas y propaganda de los medios masivos hegemónicos tradicionales.
En materia de presunta censura a medios, periodistas y comentócratas, cabe decir que en el reciente abril, actores políticos del PRIAN y otros voceros y críticos mediáticos denunciaron que la nueva Ley de Telecomunicaciones, otorga facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para “bloquear” plataformas digitales “que no cumplan con normativas específicas” (artículo 109). En realidad, se trató de una tergiversación de un solo párrafo de dicho artículo (que ya fue borrado de la iniciativa) y que se enlistó para impedir que actores extranjeros inserten pautas de propaganda en contra de los intereses nacionales, como sí lo hicieron en contra de los migrantes, a través de los medios masivos tradicionales, lo cual es inaceptable.
De ahí que es enteramente falso el intento del bloque opositor de calificar a esta ley (aún en estudio y discusión) como un instrumento de censura directa, ya que, “le daba al gobierno facultades para controlar contenidos en línea, con cualquier pretexto”. En resumen, no hay ninguna prueba de censura directa o bloqueo de contenidos, ni de agresiones por parte del gobierno de México.
En adición, el dominio político de Morena en el Congreso de la Unión, deviene de una victoria contundente en elecciones libres, pacíficas, legales y legítimas, por lo que el ejercicio del poder por parte de la presidenta Sheinbaum se lleva a cabo sin acciones restrictivas e inhibitorias de las fuerzas políticas de oposición; más aún, hay compromisos claros, tácitos y expresos de la titular del Poder Ejecutivo de respetar libertades y derechos políticos, por lo que es falaz etiquetar a su gobierno como autoritario.
Dentro del análisis político y sociológico serio, se considera maniqueo, superficial y frívolo asegurar que la 4T ha impuesto una narrativa “populista” y “polarizante” que divide a la sociedad en “pueblo bueno” (ironía de los comentócratas) y “conservadores” o “fifís”, incluyendo a los medios tradicionales como parte de una élite del poder (o mafia) corrupta.
Al mismo tiempo, la disidencia política se expresa libremente y los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) participan en elecciones pacíficas, competitivas y confiables, y controlan gobiernos estatales como Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Coahuila y Durango. Además, tienen representación significativa en el Congreso de la Unión, aunque Morena domina con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Claudia Sheinbaum, en sus primeros nueve meses de gestión, caracterizada por un entorno de convulsión internacional, se ha enfocado en concretar y ejecutar con eficacia y prontitud las reformas institucionales planteadas y anunciadas en su programa de acción, como la reforma judicial y la simplificación orgánica que involucra a los organismos autónomos.
Esto ha propiciado críticas del bloque opositor en el sentido de que la 4T pretende manipular, controlar y cooptar organismos electorales o judiciales y eliminar los contrapesos institucionales. Al respecto, la trayectoria futura de estos componentes dependerá de cómo se implementen y completen las reformas al poder judicial y a los organismos autónomos, sin dejar de respetar las libertades y la pluralidad política. Es crucial mantener seguimiento a la evolución y avance de estos relevantes proyectos gubernamentales.
En realidad, un renovado Poder Judicial deberá ser evaluado, principalmente, desde la óptica de la calidad de sus determinaciones, resoluciones y sentencias para producir justicia pronta y expedita en todos los poderes judiciales del país. A la vez, las funciones de los organismos autónomos suprimidos y que serán centralizadas o reasignadas en órganos desconcentrados, deberán revisarse desde el punto de vista de la racionalidad administrativa, desempeño institucional y efectividad de su funcionamiento en aras del interés público, colectivo y social.
Por todo ello, se percibe a Claudia Sheimbaun, como una titular del Poder Ejecutivo fuerte, concentrada y enfocada en atender y realizar con efectividad y sin dilación las prioridades y proyectos programados por su gobierno. Destacan rasgos de su fortaleza de carácter y temple, que los actores políticos y mediáticos de la oposición confunden con centralización del poder o figura dominante sobre los poderes Legislativo y Judicial, los cuales, como se ha reconocido ampliamente, en el viejo régimen sí estuvieron siempre subordinados al Ejecutivo en turno y a los poderes económicos y de facto.
En efecto, comparado con regímenes autoritarios históricos como el PRI en el siglo veinte y el PRIAN en las primeras dos décadas del siglo veintiuno, la 4T no trajo consigo ni represión violenta, ni presos políticos, ni desapariciones forzadas por parte del Estado, ni supresión de la oposición mediante fraudes electorales, ni alianzas con intereses económicos antipopulares e inconfesables.
Epílogo
Todos los grupos de interés de la clase dominante (y todavía hegemónica), afectados y descontentos con la 4T, pertenecen a una élite, subélite o comunidad propia, con líderes, profesionales y miembros destacados. Son élites tradicionales y conservadoras desplazadas de las decisiones políticas, que protegen sus privilegios y defienden la hegemonía de sus intereses sobre los del conjunto de la sociedad, y aún constituyen fuerzas políticas, económicas, mediáticas y de opinión considerables, en su papel de reaccionarias y retardatarias del progreso social.
Las élites afectadas por las decisiones de los gobiernos de la 4T trabajan de común acuerdo, de manera tácita y expresa, encubierta y manifiesta, intercambian apoyos, conjuran contra el gobierno, intrigan en agencias internacionales, difunden opiniones y etiquetas, así como propaganda negra en campañas orquestadas. Estas élites están coaligadas en un establishment (bloque hegemónico lo llamaría Gramsci, 1919), que las acuerpa y articula para proteger, conservar y sostener sus intereses económicos y políticos.
Las élites coaligadas -afectadas por las decisiones sobre todo fiscales, presupuestarias y económicas de la 4T- se coaligan y aglutinan en torno a partidos políticos tradicionales como el PRI, PAN y MC, cámaras y organismos empresariales, empresarios de los medios masivos de comunicación (les gusta que les connoten como magnates), comunidades “científicas”, tecnocráticas, académicas, artísticas y culturales, organizaciones de la autodenominada “sociedad civil”, think tanksnacionales e internacionales, firmas, barras y asociaciones de abogados, contadores, delincuentes de cuello blanco, evasores de impuestos, factureros y outsourcing, consultorías de marketing político y encuestadoras, por mencionar algunas de las subélites principales del establecimiento (establishment) mexicano.
Por ello, no puede connotarse como hegemónica o dominación absoluta o autoritarismo a la 4T y el movimiento social encarnado en el partido político Morena; ya que la hegemonía sigue perteneciendo a la clase dominante y el establishment mexicano. Es decir, los anteriormente dóciles y serviles con los gobiernos del PRIAN, medios masivos de comunicación, hegemónicos y tradicionales, sus mensajeros, personeros y empleados (que ahora se victimizan para hacer propaganda y lucrar políticamente con las tragedias), no están de ningún modo débiles e indefensos frente al poder relativo del gobierno en turno, aunque sí pierden progresivamente influencia, credibilidad y audiencia. Para identificar riesgos y retos de la 4T es útil referir categorías sistémicas y sociológicas. Según el sociólogo y politólogo Karl Deutsch (1976) todo sistema político y de gobierno debe mantener la cohesión social y lograr que en las transformaciones participen juntos (covarianza) los diferentes grupos cohesionados. En términos de grupos o clases sociales, la covarianza implica que, si cambian los de abajo, deben cambiar los de arriba (o viceversa, en el caso de que las transformaciones se impulsaran verticalmente de arriba hacia abajo); si los de arriba no quieren cambiar, colaborar y ceder en sus posiciones rígidas la cohesión y la paz social están en riesgo. En términos dialécticos: si se pierde la unidad de los contrarios entre las clases altas y medias minoritarias y elitistas y las clases subalternas populares, democráticas y mayoritarias, y se agudizan las contradicciones de clase en la lucha ideológico-política, pueden llegar a desbordarse dichas contradicciones y se pondría en riesgo el sistema plural, pluriclasista, multicultural, multiétnico y democrático que prima en nuestro país.