Jair FigueroaUn reportaje publicado por The New York Times reveló que funcionarios y legisladores vinculados a Morena han sostenido reuniones privadas con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para compartir información sobre otros integrantes de la Cuarta Transformación. La publicación sostiene que estos contactos forman parte de las investigaciones que impulsa el gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones del crimen organizado.
The New York Times revela presunta colaboración de funcionarios de Morena con la DEA
El diario estadounidense publicó un reportaje firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en el que asegura que al menos una decena de funcionarios y legisladores mexicanos pertenecientes a Morena se han acercado voluntariamente a autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la investigación periodística, algunos de estos encuentros ocurrieron con personal de la DEA, mientras que otros involucraron a distintas agencias federales de Estados Unidos.
Según el medio, varios de los participantes buscarían anticiparse a posibles investigaciones que pudieran involucrarlos en el futuro.
El reportaje señala que la DEA promovió reuniones privadas con diversos actores políticos mexicanos para obtener información relacionada con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado.
La publicación sostiene que esta estrategia forma parte del reforzamiento de las investigaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Investigación involucra a políticos y exfuncionarios
El reportaje también indica que las autoridades estadounidenses utilizan información obtenida de exfuncionarios mexicanos, integrantes del crimen organizado detenidos y personas extraditadas recientemente.
Entre los nombres mencionados como parte de las líneas de investigación aparecen el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
Ambos han rechazado públicamente cualquier relación con organizaciones criminales.
Asimismo, el texto recuerda que previamente Estados Unidos señaló a diez funcionarios mexicanos, activos y retirados, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Hasta el momento no existen acusaciones judiciales públicas derivadas de esta nueva publicación.
Sheinbaum cuestiona las investigaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado en distintas ocasiones su desacuerdo con las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos.
La mandataria considera que algunas de estas acciones representan actos de injerencia en asuntos internos de México.
Pese a ello, The New York Times sostiene que algunos integrantes del partido gobernante decidieron colaborar con las autoridades estadounidenses.
Para el diario, esta situación refleja posibles diferencias internas dentro de Morena frente al desarrollo de las investigaciones.
DEA busca fortalecer investigaciones
La publicación afirma que la DEA ha incrementado sus contactos con funcionarios mexicanos para fortalecer las pesquisas relacionadas con presuntos sobornos pagados por organizaciones criminales.
El reportaje agrega que investigadores estadounidenses también obtuvieron información mediante declaraciones de narcotraficantes detenidos y extraditados durante los últimos meses.
El exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, declaró al diario que existe confianza en que próximamente puedan presentarse acusaciones contra personajes políticos de alto nivel.
«Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas», declaró.
Ni la DEA ni el Gobierno de México emitieron comentarios sobre las afirmaciones incluidas en el reportaje al momento de su publicación.
¿Qué sigue tras la publicación?
Hasta ahora, las afirmaciones corresponden a una investigación periodística publicada por The New York Times y no implican, por sí mismas, responsabilidades penales para las personas mencionadas.
Las autoridades estadounidenses no han dado a conocer nuevas imputaciones derivadas de este reportaje, mientras que el Gobierno mexicano mantiene su postura de respeto a la soberanía nacional y rechazo a cualquier tipo de injerencia.
El desarrollo de las investigaciones y cualquier procedimiento judicial dependerán de las autoridades competentes en ambos países.
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