Filiberto Cruz MonroyEl Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el martes que prevé una desaceleración en el crecimiento económico de México, que se situará en aproximadamente un 1.5% para este año. Esta ralentización se atribuye a limitaciones de capacidad y a una política monetaria restrictiva. Además, se anticipa que en 2025 el crecimiento se reducirá aún más, alcanzando un 1.3%, coincidiendo con un acercamiento de la inflación al objetivo del banco central, que es del 3%.
El Banco de México (Banxico) ha tomado medidas al respecto, reduciendo su tasa de interés de referencia al 10.50% en septiembre, aunque esta decisión fue resultado de un debate interno. Las minutas de la reunión revelan que los miembros de la junta esperan que la disminución de la inflación permita futuros recortes, aunque el FMI advirtió que persisten riesgos inflacionarios al alza. Estos incluyen un crecimiento más débil de lo previsto en Estados Unidos y un aumento de la aversión al riesgo global.
Para abordar la situación económica, el FMI subraya la necesidad de implementar una estrategia fiscal de mediano plazo que reduzca déficits y deudas, aumente los ingresos fiscales y genere espacio para inversiones en capital humano y físico. Esto requeriría una reforma fiscal integral al inicio de la nueva administración, priorizando el gasto público y buscando reducir desigualdades en el sistema de pensiones.
El organismo también destacó que una revisión de las políticas de apoyo a Pemex y al sector energético en general podría mejorar la credibilidad de los planes fiscales del gobierno. En este contexto, el FMI expresó su preocupación por una reciente reforma judicial en México, que ha generado incertidumbre sobre la efectividad del cumplimiento de contratos y la previsibilidad del Estado de Derecho.
La reforma, aprobada el mes pasado por el partido Morena y sus aliados, se presentó como una medida para reducir la corrupción en el poder judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados. Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado inquietud entre socios comerciales clave como Estados Unidos y Canadá, así como protestas por parte de jueces y magistrados.
En respuesta a estas preocupaciones, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma, afirmando que no hay razón para que Estados Unidos se preocupe. Esta declaración se produjo en la antesala de un diálogo de alto nivel entre autoridades y empresarios de ambos países, resaltando la importancia de fortalecer la cooperación económica en medio de la incertidumbre política.