Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR) acusaron formalmente al exembajador Ken Salazar de entregar información falsa. Las autoridades mexicanas afirman que el diplomático ocultó la participación del FBI en la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. El caso, ocurrido originalmente el 25 de julio de 2024, regresa al centro de la discusión pública por violaciones a la soberanía. La fiscal Ernestina Godoy Ramos advirtió sobre responsabilidades internacionales derivadas de este operativo ilegal.
FGR acusa a Ken Salazar por mentir sobre la operación del FBI
La Fiscalía General de la República acusó al exembajador estadounidense Ken Salazar de quebrantar los tratados internacionales. La fiscal Ernestina Godoy Ramos confirmó que el exdiplomático proporcionó datos falsos, parciales e insuficientes sobre la detención. Según las investigaciones actuales de la fiscalía, el FBI planeó y ejecutó la extracción de Ismael «El Mayo» Zambada. Esta acción contradice la postura oficial inicial de la embajada de los Estados Unidos en territorio nacional.
El gobierno mexicano descubrió evidencias claras que señalan una intervención directa de agentes extranjeros en Sinaloa. Una de las principales pruebas es una exposición oficial de la propia agencia de investigación norteamericana. En dicho informe, el FBI adjudica el traslado del capo sinaloense como un logro operativo propio. Salazar sostuvo previamente que la captura respondió únicamente a un conflicto y entrega pactada entre cárteles rivales.
La FGR acusa a Ken Salazar por mentir y advierte que esto daña la confianza bilateral. El fiscal de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, aclaró que el político demócrata violó la buena fe diplomática. Las indagatorias ministeriales confirman que los reportes entregados a la administración de Andrés Manuel López Obrador resultaron falsos. La autoridad ministerial continúa recabando testimonios para robustecer la carpeta de investigación del caso Culiacán.
Gobierno federal descarta sanciones penales contra el exembajador
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el exembajador Ken Salazar no enfrentará prisión en México. El fiscal Raúl Jiménez Vázquez descartó ejercer acciones penales directas contra el exrepresentante de la Casa Blanca. La razón principal obedece a las leyes internacionales que rigen el comportamiento de los cuerpos diplomáticos. Salazar goza de inmunidad diplomática internacional por los hechos ocurridos durante el periodo de su gestión oficial.
Por lo tanto, el exfuncionario estadounidense no puede ser perseguido, procesado ni castigado penalmente por jueces locales. Sin embargo, el incumplimiento del marco regulatorio internacional activará los mecanismos previstos en los convenios binacionales. Paralelamente, las autoridades mexicanas ligan este secuestro con presuntos beneficios otorgados a Ovidio Guzmán López, alias «El Ratón». La fiscalía detectó movimientos inusuales días previos a la polémica extracción.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán ingresó al programa de testigos. Su alta en dicho esquema ocurrió el 23 de julio de 2024, apenas dos días antes de la captura. Washington modificó la medida cautelar de Ovidio Guzmán sin consultar ni notificar al gobierno de nuestro país. La FGR presume que esta negociación facilitó el posterior rapto del líder del Cártel de Sinaloa.
La presunta estrategia ilegal comenzó en Sinaloa y concluyó de forma aérea en una pista de Nuevo México. Además del movimiento de Ovidio, Estados Unidos recibió de forma sospechosa a 17 familiares de la organización delictiva. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se tolerarán engaños que vulneren la soberanía de la nación. El Poder Ejecutivo y los fiscales coordinan esfuerzos para exigir aclaraciones contundentes al gobierno norteamericano.
El conflicto por la detención de «El Mayo» Zambada abre una nueva grieta en las relaciones bilaterales. Mientras la FGR acusa a Ken Salazar por mentir, las consecuencias políticas escalan en ambas fronteras. La inmunidad frena el castigo penal, pero la exigencia de transparencia mexicana se mantiene firme ante Washington. El desarrollo de la investigación determinará el rumbo de la cooperación de seguridad en el futuro inmediato.
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