Jair FigueroaLa Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció esta semana que destinará más de 600 millones de dólares para financiar la construcción de centros de detención migratoria en Estados Unidos. La decisión, tomada en el marco de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca aliviar la sobrepoblación en los espacios de detención actuales y fortalecer el sistema de control migratorio a nivel estatal y local.
FEMA cambia de rumbo y se alinea con Trump
Aunque Donald Trump ha sido crítico de la FEMA —llegó a llamarla “lenta y burocrática” y planteó su posible desaparición—, su gobierno ha reorientado el uso de la agencia para apuntalar su política migratoria.
La iniciativa se materializa a través del “Programa de Subvenciones para Apoyo a la Detención”, que otorgará más de 608 millones de dólares a entidades no federales para construir y operar centros de detención migratoria.
¿En qué consiste el nuevo programa?
Según el comunicado de la FEMA, este programa busca:
- Brindar asistencia financiera a gobiernos estatales y locales.
- Apoyar actividades de detención de migrantes no gestionadas directamente por el gobierno federal.
- Aumentar la capacidad de detención mientras los migrantes son transferidos al ICE.
- Complementar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los fondos estarán disponibles en un único pago, y los gobiernos interesados deben solicitarlos antes del 8 de agosto de 2025. Cada proyecto tendrá hasta 26 meses para su ejecución.
Fort Bliss albergará el mayor centro de detención del país
La medida se complementa con un proyecto del Departamento de Defensa para construir el centro de detención de migrantes más grande de EE.UU. en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas.
Características del proyecto:
- Capacidad para 5.000 personas.
- Costo estimado: 1,260 millones de dólares.
- Fecha de entrega: septiembre de 2027.
- Tipo de infraestructura: campamento de tiendas de campaña.
- Empresa a cargo: Acquisition Logistics LLC, sin experiencia previa en este tipo de obras.
Este nuevo complejo ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente por estar ubicado en una zona con temperaturas extremas que han superado los 42°C.
El regreso de las “cárceles de campaña”
La estrategia recuerda al complejo de tiendas de campaña instalado en Tornillo, también en El Paso, durante el primer mandato de Trump en 2018. Aquel centro fue duramente criticado por mantener a miles de migrantes —incluidos menores— en condiciones precarias, sin ventilación adecuada, con acceso limitado a servicios médicos y con largas estancias en espacios diseñados para ser temporales.
Este modelo de “campamentos exprés” busca acelerar el número de detenciones —Trump planea llegar a 3.000 diarias—, aunque la capacidad de alojamiento actual es insuficiente.
Un giro polémico en el uso de fondos para emergencias
La decisión de FEMA representa un cambio de prioridades en el uso de recursos que antes estaban destinados a atender desastres naturales y emergencias climáticas. Ahora, buena parte de ese dinero se canaliza hacia infraestructura carcelaria.
Este giro ha sido cuestionado por legisladores, activistas y expertos en derechos humanos, quienes advierten que:
- Se desnaturaliza la función original de la FEMA.
- Se refuerzan políticas de criminalización de la migración.
- Se corre el riesgo de repetir abusos del pasado.
¿Qué sigue para la política migratoria de Trump?
Con esta medida, Trump avanza en su objetivo de endurecer el control migratorio sin depender del Congreso. Al usar agencias como FEMA y el Departamento de Defensa, evade negociaciones políticas y acelera la implementación de su plan.
Pero el costo humanitario y político de esta estrategia podría ser alto, especialmente si los centros de detención reproducen condiciones inhumanas.
Análisis: más infraestructura, menos derechos
Aunque el discurso oficial habla de “aliviar sobrepoblación” y “mejorar la capacidad operativa”, en el fondo esta política amplía la red carcelaria para migrantes sin resolver las causas estructurales de la migración.
El uso de fondos de emergencia para encarcelar personas representa un retroceso en derechos humanos, y marca un precedente peligroso para el futuro del sistema migratorio y de protección civil en Estados Unidos.
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