Jair FigueroaUn total de 26 exmandatarios de América Latina y España, incluyendo a Vicente Fox y Felipe Calderón, solicitaron este viernes a la ONU y la OEA intervenir para salvaguardar los derechos del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien espera sentencia tras ser condenado por fraude procesal y soborno.
Un caso que genera tensiones regionales
En una carta enviada al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y a otras autoridades internacionales, los firmantes denunciaron “graves afectaciones” al debido proceso en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, condenado esta semana por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La misiva fue firmada por integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y del grupo Libertad y Democracia, quienes argumentan que el proceso judicial contra Uribe ha estado “plagado de anomalías” que comprometen sus derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana.
Fox y Calderón, entre los firmantes
Desde México, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón respaldaron el documento, que también fue rubricado por Mauricio Macri (Argentina), Carlos Mesa y Jorge Quiroga (Bolivia), Eduardo Frei (Chile), Iván Duque (Colombia), y Óscar Arias (Costa Rica), entre otros.
En total, 26 exjefes de Estado de 13 países iberoamericanos, además del opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, pidieron que se garantice un proceso justo para Uribe.
“Acudimos ante ustedes para que (…) asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de derecho en Colombia”, expresaron.
El juicio contra Uribe y la controversia política
Álvaro Uribe, de 73 años, fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, y es uno de los líderes más influyentes del país. El lunes pasado se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. La jueza Sandra Heredia, a cargo del caso, determinará esta tarde si la pena será de prisión domiciliaria y por cuántos años, con un rango estimado entre cuatro y ocho.
El caso ha polarizado a Colombia: mientras sectores de derecha aseguran que se trata de una persecución política, otros celebran el fallo como un precedente de justicia e independencia judicial. Las víctimas del proceso, encabezadas por el senador de izquierda Iván Cepeda, han advertido a la ONU y la CIDH sobre presuntas “presiones externas”, en particular de Estados Unidos, hacia el Poder Judicial colombiano.
Los argumentos de los expresidentes
El documento no niega las acusaciones contra Uribe, pero insiste en que el proceso ha presentado “anomalías sistemáticas” que ameritan observación internacional. Piden que se garantice la independencia judicial y se respete el debido proceso sin presiones externas ni manipulación política.
En paralelo, sectores de la sociedad civil colombiana y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la presión internacional de expresidentes podría interpretarse como una forma de intervención en decisiones soberanas del Poder Judicial.
Reacciones divididas
La petición de los exmandatarios ha provocado reacciones opuestas. Algunos sectores conservadores la celebran como un acto de respaldo ante una presunta persecución judicial. Otros la rechazan por considerar que se busca influir en un proceso interno bajo el disfraz de una defensa de derechos humanos.
Para muchos ciudadanos colombianos, este episodio representa un punto de inflexión sobre la vigencia del Estado de derecho y la credibilidad institucional en el país.
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