Jair FigueroaLa Alianza Mexicana de Abogados solicitó al Senado convocar un periodo extraordinario para analizar la desaparición de poderes en Sinaloa. La organización asegura que la entidad enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes tras 21 meses de violencia escalada.
Acompañados por la senadora priista Paloma Sánchez, los representantes de la alianza denunciaron que la situación de inseguridad justifica la intervención federal. Acusan presuntos vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado.
Abogados denuncian colapso de seguridad pública en Sinaloa
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, afirmó que Sinaloa vive una emergencia en seguridad pública.
«La gente ya no aguanta esta situación. Por eso consideramos que la desaparición de poderes se tiene que dar porque tenemos un Ejecutivo minado y un Legislativo que también cogobierna con la delincuencia organizada», declaró Beltrán.
El dirigente aseguró que actividades productivas estratégicas del estado están afectadas por el cobro de piso y la violencia. Añadió que miles de personas han abandonado Culiacán debido a la inseguridad.
«Sinaloa debe declararse zona de desastre en materia de seguridad pública. Queremos recuperar el estatus que tenía a nivel nacional e internacional», señaló.
Crisis económica y social tras 21 meses de violencia
La senadora Paloma Sánchez presentó cifras que documentan el deterioro en Sinaloa. Los datos revelan el impacto de la crisis de seguridad en múltiples áreas.
«Los datos hablan por sí solos: 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, 10 mil 809 vehículos robados, 170 mil millones de pesos en daño económico y 38 mil empleos perdidos», detalló la legisladora.
Sánchez afirmó que la situación no ha mejorado pese a la salida de Rubén Rocha Moya del gobierno estatal. La violencia acumulada durante los últimos 21 meses ha generado pérdidas económicas millonarias.
Julio Sergio Alvarado, vicepresidente nacional de la alianza, informó que presentarán ampliaciones de denuncias contra diversos exfuncionarios. «Estamos solicitando a la Fiscalía General de la República que inicie el procedimiento para desaforar al senador Enrique Inzunza Cázarez», anunció.
Críticas al gobierno federal por respuesta insuficiente
Paloma Sánchez pidió que Enrique Inzunza se separe definitivamente de su cargo como senador. También criticó la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los señalamientos desde Estados Unidos.
«Todo ese discurso de soberanía es porque no saben ni qué decir. Su discurso de ‘vienen por uno si vendrán por más’, porque ella sabe perfectamente que Rocha Moya no es el único narco gobernador», expresó la senadora priista.
La legisladora afirmó que lo más importante es cortar los vínculos entre el crimen organizado y la política en Sinaloa. Considera necesaria una alianza para quitar a los «narcopolíticos» del gobierno estatal.
Los promoventes sustentan la solicitud de desaparición de poderes en información que apunta a la intervención de grupos criminales en procesos políticos de la entidad. Aseguran que los cambios en el gobierno estatal no han producido resultados en materia de seguridad.