Silvia Delgado, la abogada que defendió al narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán antes de su extradición a Estados Unidos, obtuvo los votos necesarios para ocupar un juzgado penal en Chihuahua, según los resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE). La elección, celebrada el 1 de junio con baja participación, marcó un histo en el sistema judicial mexicano al ser la primera vez que los ciudadanos eligen directamente a sus jueces.
Delgado quedó posicionada como segunda en la lista de aspirantes mujeres y, de confirmarse su designación, se convertirá en una de las cinco magistradas que encabezarán los juzgados penales de Ciudad Juárez, la fronteriza ciudad colindante con El Paso, Texas. Su elección ha generado polémica por su pasado como defensora del líder del Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Estados Unidos.

Trayectoria profesional de la nueva jueza
Silvia Delgado representó legalmente a «El Chapo» Guzmán durante 2016 y 2017, visitándolo semanalmente en prisión antes de su extradición. En entrevistas recientes, la abogada defendió su labor: «No soy corrupta. No te pueden quemar por haber llevado una representación», declaró mientras realizaba campaña en las calles de Ciudad Juárez, donde repartía folletos bajo el intenso calor fronterizo.
La ahora jueza electa, madre soltera de cuatro hijos, argumenta que su defensa del narcotraficante fue estrictamente profesional: «Me interesó porque era una oportunidad a nivel curricular… atender un asunto de un personaje tan famoso». Asegura no haber tenido contacto con el círculo de Guzmán desde entonces, excepto por ayudar a su esposa a trasladar a sus hijas a Estados Unidos.
Controversia y cuestionamientos
La candidatura de Delgado fue señalada por la oenegé Defensorxs como una de las «riesgosas» entre los más de 2,600 aspirantes a puestos judiciales. Fernando Meza, representante de la organización, explicó que su objetivo no era atacar candidatos sino «informar a la sociedad sobre los riesgos asociados» antes de votar.
La flamante jueza respondió con dureza a estas críticas, calificando a Meza de «irresponsable» y acusando a su organización de actuar como un «grupo de Robin Hood» empeñado en difamarla. Sin embargo, Defensorxs insistió en que su única preocupación documentada era su relación profesional con el narcotraficante.

Contexto de las elecciones judiciales
Los inéditos comicios judiciales convocaron a los mexicanos a elegir 881 jueces federales (incluidos los ministros de la Suprema Corte) y aproximadamente 1,800 jueces estatales en 19 entidades. El proceso se caracterizó por:
- Baja participación ciudadana
- Escrutinio público sobre candidatos con vínculos cuestionables
- Dudas sobre la independencia judicial frente a partidos políticos y crimen organizado
El caso de Delgado destaca especialmente por desarrollarse en Chihuahua, estado con alta incidencia delictiva y vecino de Texas, donde el Cártel de Sinaloa mantiene importante presencia.
Desafíos para la nueva administración judicial
La llegada de Delgado a la judicatura ocurre en un contexto complejo:
- Designación terrorista: El Cártel de Sinaloa fue declarado organización terrorista por EU en febrero 2025
- Presión internacional: Aumentan las exigencias de combate al narcotráfico
- Crisis de credibilidad: El sistema judicial mexicano enfrenta severas dudas sobre su imparcialidad

Organizaciones civiles han advertido que estos comicios podrían marcar un precedente peligroso si no se establecen mecanismos claros de supervisión para los jueces electos, especialmente aquellos con historiales controvertidos.
Postura de la jueza electa
En sus declaraciones, Delgado ha enfatizado su compromiso con la legalidad: «El mejor legado que puedo dar yo, como ser humano y para mis hijos y para mis nietos, es haber sido una persona íntegra, que todo el tiempo defendió a las personas». Incluso justificó gestiones aparentemente menores durante su defensa de Guzmán, como solicitar una cobija para él en prisión, como parte de sus obligaciones profesionales.
La magistrada electa asumirá sus funciones en las próximas semanas, en medio de un escrutinio público sin precedentes sobre su desempeño y posibles conflictos de interés.
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