Filiberto Cruz MonroyEstados Unidos comenzó este martes la deportación de migrantes arrestados en su territorio hacia el centro de detención en la Base Militar de Guantánamo, Cuba, según informó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
En declaraciones a la cadena Fox News, Leavitt afirmó que el gobierno de Donald Trump «ya no permitirá que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo».
Trump endurece su política migratoria
La administración de Trump ha tomado medidas drásticas para frenar la migración irregular, y una de las principales estrategias ha sido la habilitación de la prisión de Guantánamo para recibir hasta 30,000 detenidos considerados «los peores criminales».
«El presidente Trump no pierde el tiempo», aseguró Leavitt. Además, adelantó que los migrantes enviados a Guantánamo son personas con antecedentes penales que han «violado las leyes migratorias y han cometido crímenes atroces contra ciudadanos estadounidenses».
Apoyo de El Salvador, Colombia y Venezuela
La vocera de la Casa Blanca también destacó el reciente acuerdo alcanzado por el secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que su país reciba migrantes deportados de varias nacionalidades en sus cárceles.
Además, reconoció la disposición de los gobiernos de Colombia y Venezuela para colaborar en la repatriación de migrantes detenidos en Estados Unidos. «El Salvador aceptó recibir a sus propios ciudadanos, pero también criminales ilegales de otras naciones en sus cárceles. Colombia y Venezuela también han aceptado colaborar con las repatriaciones», afirmó Leavitt.
Guantánamo se refuerza con más tropas
El pasado 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para habilitar la base de Guantánamo como centro de detención para migrantes. En respuesta, el Ejército estadounidense desplegó más de 150 soldados en la base militar en Cuba para iniciar las operaciones y garantizar la seguridad del sitio.
Estas medidas forman parte de la política de cero tolerancia contra la migración ilegal que ha impulsado la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca, endureciendo los procedimientos de deportación y aumentando la presión sobre los países de origen de los migrantes.