Jair FigueroaEl senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa que propone crear un Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, con el objetivo de que el Gobierno de México pueda transferir recursos a los estados y municipios para fortalecer a sus instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. La propuesta surge ante el escenario de inseguridad que enfrenta el país y la falta de un mecanismo de financiamiento directo tras la desaparición del Fortaseg.
Una iniciativa enfocada en fortalecer capacidades locales
De acuerdo con la información presentada, el fondo contemplaría recursos destinados a equipamiento policial, profesionalización del personal, formación de mandos, prevención del delito y tecnologías de información aplicadas a seguridad. El planteamiento también incluye mecanismos para evaluar resultados y promover la participación ciudadana en acciones que incentiven una cultura de paz.
Contexto: ausencia de recursos y afectaciones municipales
Según datos dados a conocer por el senador, con la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), los municipios han dejado de recibir más de 24 mil millones de pesos desde 2019. Señaló que la reducción en financiamiento ha afectado la operatividad municipal, la capacitación policial y la adquisición de infraestructura básica para fortalecer la respuesta en materia de seguridad.
El legislador afirmó que gran parte de los municipios del país enfrenta limitaciones financieras, humanas y materiales, lo que impacta directamente en la capacidad de brindar protección adecuada a la población. Entre las carencias más comunes mencionó la falta de personal capacitado, equipos de protección insuficientes y vehículos que no cumplen estándares operativos.
Contenido de la propuesta constitucional
La iniciativa plantea reformar el Artículo 21 de la Constitución para incorporar el mandato de crear un Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, con criterios claros de operación y reglas para su asignación anual.
Asignación con reglas de crecimiento
La propuesta establece que los recursos destinados al fondo deberán crecer cada año en proporción, al menos, igual al incremento del Producto Interno Bruto (PIB), con el propósito de mantener su capacidad adquisitiva. Además, los recursos serían transferidos a estados y municipios mediante mecanismos identificables y etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Criterios de distribución
El proyecto indica que la asignación se realizaría con base en criterios públicos como:
- Población
- Incidencia delictiva
- Rezago institucional
- Nivel de profesionalización
- Capacidades existentes
- Condición de marginación
- Estadísticas de transparencia y rendición de cuentas
El planteamiento excluye el uso de estos recursos para gasto corriente que no esté directamente vinculado al fortalecimiento institucional.
Cofinanciamiento obligatorio
La iniciativa también prevé que las entidades federativas y municipios que reciban estos recursos deberán aportar un monto equivalente: un peso estatal o municipal por cada peso federal. Para zonas con rezago institucional muy alto, la proporción podría ser de un peso local por cada dos pesos federales, según lo determine la legislación secundaria.
Supervisión y transparencia
Para garantizar un uso adecuado del presupuesto, la reforma plantea que el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publiquen informes anuales sobre desempeño, metas, recursos ejercidos, recursos no ejercidos y posibles sanciones por incumplimiento.
Datos de percepción ciudadana y contexto nacional
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 75.6% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su entidad federativa. Además, durante 2024, en 29% de los hogares al menos una persona fue víctima de algún delito.
En este contexto, el legislador argumentó que las cifras reflejan la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales y de generar mecanismos de financiamiento que contribuyan a mejorar la seguridad a nivel local y estatal.
Discusión legislativa pendiente
La iniciativa será turnada a comisiones para su revisión, discusión y eventual dictamen. De aprobarse, implicaría una modificación constitucional que requiere mayoría calificada. La propuesta abre un nuevo capítulo en el debate sobre el financiamiento y la coordinación en materia de seguridad en México.