¿Elecciones judiciales sin dinero? 12 estados sin un peso para votar

Doce de las 19 entidades que renovarán su Poder Judicial este 2024 no tienen ni un peso asignado para organizar las elecciones. Pese a solicitudes de ampliación presupuestal, gobiernos y congresos estatales guardan silencio. Solo Estado de México y Sonora recibieron el 100% de sus peticiones (941 y 200 millones de pesos, respectivamente). Mientras, Tabasco opera con 4.7% de lo requerido, y Aguascalientes y Colima con apenas el 25%.

En Chihuahua y Tamaulipas, las campañas judiciales deben arrancar el 30 de marzo, pero ambos estados carecen de fondos. Chihuahua solicitó 328 millones y Tamaulipas 35 millones, pero ni siquiera han recibido una respuesta. «Sin dinero, no hay logística posible: desde urnas hasta seguridad», advierte un operador electoral anónimo.

El Tribunal Electoral ordenó incluir a Nayarit y Yucatán en la elección, pese a que sus congresos aprobaron reformas a destiempo. Nayarit, con un recorte presupuestal del 66.55%, necesita 115.6 millones, pero sigue en cero. Yucatán ni siquiera ha calculado el costo: su Consejo Electoral local navega a ciegas.

Veracruz, que también renueva municipios, desconoce cuánto pedirá para la elección judicial. La CDMX, con un recorte del 29.27%, requiere 114 millones extras. Quintana Roo, afectado por un recorte del 23.93%, pidió 226 millones sin éxito. «Es como organizar una boda sin saber si habrá comida», ironiza un funcionario electoral.

Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas operan con menos del 35% de su presupuesto anual. Tamaulipas sobrevive con el 47%, pero sin fondos para elecciones. En estos estados, los OPLEs no pueden cubrir ni salarios básicos, mucho menos costear una elección histórica.

Prospectiva

Si los estados no reciben fondos urgentes, las elecciones judiciales podrían realizarse sin garantías mínimas, generando desconfianza ciudadana y desafíos legales. El riesgo de postergaciones o resultados impugnados es alto, especialmente en Chihuahua y Tamaulipas, donde las campañas inician en días. Ante la inacción estatal, la presión sobre el INE y el gobierno federal crece: ¿asumirán el costo o dejarán que la democracia se vote en modo «fantasma»? La respuesta definirá si México prioriza la justicia… o la austeridad