Filiberto Cruz MonroyEste lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, con 22 votos a favor y 17 en contra. La reforma, que ha generado un intenso debate, propone cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano. Entre las modificaciones destacadas está la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, un cambio que busca mayor democratización en el proceso de selección.
El proyecto de reforma, respaldado por los legisladores de Morena y sus aliados, también contempla la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito para 2025. Además, plantea reducir el número de ministros de la Corte de 11 a 9 y acortar su periodo de mandato de 15 a 12 años. Asimismo, propone recortar sus remuneraciones para que no superen la del Presidente de la República.
Otro aspecto fundamental de la reforma es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano sería sustituido por una nueva estructura compuesta por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar y sancionar la actuación de los jueces. Este cambio busca mejorar la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Poder Judicial.
En el transcurso de la sesión, se presentaron varias reservas a los artículos del proyecto, las cuales serán discutidas en lo particular en las próximas horas. Una de las propuestas destacadas por el grupo parlamentario de Morena es la incorporación de jueces sin rostro, como medida de protección en casos relacionados con el crimen organizado. Este mecanismo busca salvaguardar la seguridad de los jueces involucrados en casos sensibles.
La reforma constitucional, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado una fuerte oposición entre los trabajadores del Poder Judicial. Desde el lunes 19 de agosto, estos trabajadores han llevado a cabo un paro de labores que ha cerrado las sedes judiciales en diversos estados del país, limitando la atención a asuntos urgentes. La protesta refleja la preocupación por los cambios propuestos y su impacto en el funcionamiento del sistema judicial.
El debate sobre la reforma continuará cuando se instale la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, el próximo 1 de septiembre. El proyecto, que modifica 16 artículos de la Constitución y propone un nuevo diseño para el sistema judicial, será sometido a un análisis más detallado y a posibles modificaciones antes de su aprobación final. La reforma representa un intento por transformar el Poder Judicial, aunque su implementación y consecuencias están sujetas a la discusión y revisión en el ámbito legislativo.