Jair FigueroaLas autoridades de Nayarit confirmaron este martes la localización del exgobernador priista Ney González Sánchez, quien se encontraba prófugo desde 2022. La subfiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, informó que el exmandatario fue ubicado en un país de América del Norte y que ya inició el proceso legal para solicitar su extradición a México, donde enfrenta diversas acusaciones por delitos patrimoniales y presuntos desvíos de recursos públicos.
Según la funcionaria, la confirmación de su paradero representa el primer avance contundente después de años de especulación sobre su posible ubicación. “Desde 2023 inició un proceso, sin embargo, había estado muy escuetamente seguido; en este año se cumplimentó y está en un país de América del Norte”, detalló la subfiscal sin revelar la nación específica debido a la etapa procesal del caso.
Avanza el proceso legal para traerlo a México
Heredia Verdugo aclaró que, aunque la Fiscalía de Nayarit ya había solicitado acciones contra González Sánchez, los procedimientos se aceleraron tras corroborar su localización. La funcionaria explicó que los países involucrados han solicitado cumplir con el principio de doble criminalidad, es decir, que los delitos imputados al exgobernador también sean considerados delitos en la nación que lo resguarda.
“Lo que es delito en México es delito en su país; a veces es complejo por las diferencias entre sistemas jurídicos, pero vamos muy avanzados porque no nos han dicho que no”, señaló.
Los delitos que se le atribuyen
El exgobernador de Nayarit, quien encabezó la administración estatal entre 2005 y 2011, es investigado por diversos delitos graves, entre ellos:
- Administración fraudulenta
- Ejercicio indebido de funciones
- Tráfico de influencias
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Fraude por simulación de actos jurídicos
- Enriquecimiento ilícito
- Peculado
- Falsificación de documentos
Las acusaciones incluyen presuntas operaciones realizadas durante su mandato, así como vínculos con empresas fantasma asociadas a familiares directos. Además, forma parte de un expediente más amplio que abarca del año 2005 a 2021, donde se identifican continuidades con posteriores administraciones, como la del también exgobernador priista Roberto Sandoval, actualmente procesado.
Negación de amparos y vigencia de órdenes de aprehensión
La subfiscal informó que los amparos promovidos por González Sánchez para frenar el proceso penal le han sido negados por jueces de distrito, quienes determinaron que sus argumentos sobre prescripción deben discutirse directamente en juicio.
“A Ney González le han negado todos los amparos por prescripción, porque el juez considera que es un tema de fondo que debe resolverse cuando la fiscalía impute y solicite su vinculación. Eso implica que debe venir y presentarse al juzgado”, puntualizó.
En noviembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que existía una orden de aprehensión vigente desde 2023, derivada de una denuncia presentada por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Sin embargo, en ese momento no se reveló la localización del exmandatario.
Un caso emblemático para la justicia en Nayarit
La confirmación de su ubicación podría significar un avance significativo en uno de los casos más polémicos de presunto desfalco en la historia reciente de Nayarit. De acuerdo con la fiscalía, el análisis del periodo 2005–2021 ha permitido a los jueces establecer que no existe prescripción, debido a la continuidad de operaciones y procedimientos administrativos que involucran a diversas administraciones.
Las autoridades aseguran que el proceso sigue firme y que, de lograrse su extradición, González Sánchez deberá comparecer ante tribunales para enfrentar las imputaciones en su contra en perjuicio de la hacienda pública estatal y del propio FIBBA.
Lo que sigue para el caso
La Fiscalía de Nayarit espera que la cooperación internacional avance de manera favorable. Mientras tanto, continúa la integración de pruebas y la preparación del proceso penal, que podría convertirse en uno de los más relevantes para el combate a la corrupción en el estado.
Al concluir, Heredia Verdugo reiteró que la ciudadanía será informada sobre los avances conforme se permita por ley, y subrayó que el caso representa un mensaje claro de que ningún exservidor público está fuera del alcance de la justicia.
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