El martes 11 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México ejecutó un controvertido operativo para desalojar a cientos de migrantes que habitaban en un campamento cerca de la Terminal del Norte. Según denuncias del Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC), las autoridades utilizaron amenazas veladas y coerción para obligar a las personas a trasladarse a albergues como el CAIS Tepito y CAIS Marina. Testigos reportaron que funcionarios ingresaron a viviendas improvisadas sin consentimiento, advirtiendo falsamente sobre la llegada de «migración o militares» si no obedecían.
El GMFC documentó que, tras el desalojo, personal de obras públicas destruyó las casas del campamento y arrojó pertenencias a camiones de basura. «Incluso en viviendas ocupadas, demolieron todo. Se llevaron objetos personales como si fueran desechos», denunció la organización. Esta acción no solo violó protocolos de derechos humanos, sino que dejó a familias migrantes sin refugio ni documentos esenciales.
Horas antes del operativo, la Coordinación de Movilidad Humana (CMH) había asegurado a colectivos y albergues que el traslado sería voluntario y respetuoso. Sin embargo, la presencia de policías vestidos de civil y funcionarios con chalecos guinda evidenció una estrategia agresiva. La Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) solo envió un representante, lo que, según el GMFC, facilitó la impunidad de las acciones.
Una Prospectiva
Este caso podría erosionar la confianza de la comunidad migrante en las instituciones mexicanas, especialmente si no hay reparación por los daños materiales y morales. Organizaciones civiles exigen una investigación independiente y la restitución de pertenencias robadas. A largo plazo, el incidente reabre el debate sobre políticas migratorias en México: ¿priorizan control sobre dignidad? La presión internacional y la movilización social serán clave para evitar que operativos similares se repitan, mientras el país busca equilibrar seguridad con derechos humanos en un contexto de flujos migratorios récord.
