Jair FigueroaLa Secretaría de Relaciones Exteriores anunció acciones penales y civiles contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El gobierno de México interpondrá demandas en tribunales norteamericanos tras confirmar el fallecimiento de 17 connacionales en estaciones migratorias. El canciller Roberto Velasco Álvarez confirmó que la administración federal no tolerará más atropellos contra los derechos de los migrantes. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum activa una estrategia coordinada con la Fiscalía General de la República. El detonante de esta ofensiva jurídica fue el reciente homicidio de un ciudadano mexicano en Houston.
SRE denuncia al ICE por violaciones graves a derechos humanos
La Cancillería mexicana modificó por completo su estrategia de defensa jurídica para proteger a los connacionales en el extranjero. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que 14 ciudadanos perdieron la vida mientras permanecían bajo custodia de las autoridades. Asimismo, otros tres mexicanos fallecieron brutalmente durante los despliegues operativos ejecutados por agentes de la corporación fronteriza estadounidense. Entre las víctimas mortales recientes destaca el caso de Lorenzo Salgado, quien murió baleado el pasado 7 de julio.
La agresión armada ocurrió en Houston y generó una enérgica condena por parte del Poder Ejecutivo Federal de México. La SRE denuncia al ICE formalmente ante el Departamento de Justicia para exigir castigos penales contra los policías responsables. Velasco Álvarez advirtió que la fiscalía federal mexicana respaldará el proceso para asegurar investigaciones serias, transparentes y totalmente profundas. El gobierno de nuestro país busca sentar un precedente legal histórico que frene el abuso de la fuerza armada.
La red de consulados mexicanos mantendrá asesoría jurídica permanente para los familiares afectados en las distintas regiones fronterizas. El presupuesto federal asignado garantiza el apoyo económico para los trámites funerarios y el traslado digno de los restos humanos. Hasta el momento, las autoridades diplomáticas han enviado 11 notas de protesta formales hacia la Casa Blanca de Washington. Sin embargo, la persistencia de los abusos obligó a transitar de la queja diplomática a la demanda penal.
Acciones civiles contra empresas que operan centros de detención privados
La ofensiva del gobierno mexicano también afectará directamente los intereses financieros de los consorcios corporativos en la Unión Americana. La SRE denuncia al ICE y activa mecanismos legales contra las firmas particulares que administran las prisiones migratorias. El canciller anunció el envío inmediato de cartas de cese y desistimiento a los consejos directivos de estas compañías. El Estado mexicano exige frenar las condiciones de hacinamiento y negligencia que provocaron la muerte de los reclusos.
Estadísticas oficiales revelan que entre los años 2025 y 2026 ocurrieron 58 fallecimientos en estos complejos de detención. Las auditorías independientes demuestran que casi una tercera parte de esas pérdidas humanas corresponden a ciudadanos de origen mexicano. Ante este adverso panorama, México solicitó la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El objetivo prioritario es obtener medidas cautelares colectivas que preserven la vida de los migrantes que siguen bajo encierro.
La Cancillería buscará también el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. La presión internacional complementará los litigios civiles iniciados en los diferentes juzgados de distrito del territorio estadounidense. Paralelamente, los diplomáticos mexicanos sostienen mesas de trabajo con legisladores norteamericanos para visibilizar las fallas del sistema migratorio. Las inspecciones en los centros privados de confinamiento deberán endurecerse para evitar nuevos incidentes mortales de consecuencias internacionales.
Las demandas civiles buscan reparaciones económicas millonarias para los deudos de los trabajadores fallecidos en custodia norteamericana. De igual forma, las autoridades mexicanas aclararon que estas medidas de protección ampararán expedientes abiertos en años anteriores. Ningún abuso cometido contra un ciudadano mexicano quedará en el olvido por el simple paso del tiempo legal. Las relaciones bilaterales entrarán en una fase de estricta exigencia de justicia por parte de la administración de Sheinbaum.
La decisión de llevar los casos ante tribunales estadounidenses representa un giro radical en la política exterior de México. Al confirmar que la SRE denuncia al ICE, el gobierno federal demuestra que las notas diplomáticas ya no son suficientes. El éxito de estas demandas dependerá de la solidez con la que la FGR construya los expedientes delictivos. Mientras los juicios avanzan, la seguridad de miles de migrantes en la frontera norte se mantendrá bajo máxima vigilancia.
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