RedacciónAutoridades federales anunciaron el aseguramiento de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. El cargamento, procedente de Estados Unidos, fue ingresado con documentación falsa que lo clasificaba como aditivos para aceites. Se trata del mayor decomiso de huachicol fiscal en el país.
La empresa implicada, Intanza, está vinculada con Francisco Javier Antonio Martínez, actual director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico. Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Martínez es socio de los dueños de Intanza en otra empresa llamada Belure, pero no reportó esa relación en su declaración patrimonial.
Martínez asumió su cargo en ASIPONA en marzo de 2024. Antes fue funcionario en el SAT y administrador aduanal en Matamoros. En su declaración patrimonial sólo reportó la compra de autos clásicos, sin mencionar su participación empresarial.
A pesar del escándalo y del decomiso, el funcionario no ha sido removido de su puesto. Dos semanas después del aseguramiento, apareció en un evento público junto a la alcaldesa de Tampico y al director general de la ASIPONA, lo que generó cuestionamientos sobre la falta de consecuencias administrativas.
Intanza fue suspendida del padrón de importadores el mismo día del decomiso. Sin embargo, no se han iniciado procesos visibles contra los funcionarios presuntamente implicados. El caso pone en evidencia cómo el huachicol fiscal opera mediante empresas fachada y redes institucionales que facilitan la evasión y el contrabando.
Este esquema de contrabando de combustible, que simula legalidad a través de documentos y relaciones empresariales, representa una nueva modalidad del huachicol en México. El impacto económico, fiscal y de seguridad nacional ha llevado a organizaciones civiles a exigir una investigación a fondo.
Hasta el momento, ni el SAT ni la Marina han emitido pronunciamientos sobre responsabilidades internas. La continuidad de Martínez y el silencio institucional generan sospechas sobre encubrimiento o complicidad.
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