Jair FigueroaUn tribunal de Guanajuato dictó una sentencia histórica de 1,018 años y cuatro meses de prisión en contra de Edgar Francisco Franco Ríos. El abogado penalizado operaba el despacho «Punto Legal» en León. Ahí engañó a 107 personas con falsas promesas de entrega de propiedades. El hoy sentenciado exigía pagos en efectivo por supuestas casas en remate. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que esta resolución es la más severa en la historia judicial de la entidad.
Así operaba el fraude inmobiliario de Punto Legal en León
El acusado utilizaba las redes sociales y portales de venta en línea como su principal herramienta de atracción. Edgar Francisco ofertaba falsas casas de remate bancario con precios atractivos. Los costos de los inmuebles oscilaban entre los 200 mil y 250 mil pesos.
Para generar confianza en los compradores, el sentenciado exigía pagos directos en efectivo. Además, el abogado aseguraba que las transacciones contaban con el aval de notarios públicos. Sin embargo, la investigación ministerial demostró que el litigante no tenía facultades legales sobre las propiedades. Las casas ni siquiera estaban en litigio.
El Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, calificó la resolución como un logro sin precedentes. El trabajo de la Fiscalía demostró los artificios que el abogado usó de forma consecutiva para engañar a las 107 víctimas.
Reparación del daño por el millonario fraude inmobiliario
La sentencia del tribunal de enjuiciamiento obliga de forma irrestricta al pago de la reparación del daño. El monto total que el abogado debe devolver asciende a 33 millones de pesos.
El fallo desglosa las cantidades financieras de la siguiente manera:
- 29 millones 923 mil 100 pesos por el concepto de daño material directo.
- 3 millones 326 mil 490 pesos destinados a cubrir el daño moral de los afectados.
- 148 mil 500 pesos correspondientes a los perjuicios económicos provocados.
La autoridad judicial del estado emitió dos sentencias condenatorias consecutivas al cierre de junio de 2026. La primera penalidad sumó 438 años y cuatro meses de cárcel. La segunda resolución agregó 580 años de prisión al expediente.
A pesar de la suma total de 1,018 años de cárcel, el sistema penal de Guanajuato contempla un límite. La legislación del estado establece un tope máximo de compurgación de 80 años de prisión efectiva. La Fiscalía General del Estado puntualizó que el verdadero éxito del caso radica en la protección de los afectados. Las autoridades vigilarán el cumplimiento del pago para que las víctimas recuperen el patrimonio que perdieron en el engaño.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media.