Jair FigueroaLa secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA para un evento previo al Mundial 2026 se realizó conforme a la ley y descartó que exista alguna irregularidad. La funcionaria afirmó que el uso del recinto histórico formó parte de una estrategia de diplomacia cultural y confirmó que la FIFA pagó 1.3 millones de pesos por concepto de derechos de uso. Además, sostuvo que la denuncia anunciada por investigadores del INAH no procede porque, dijo, no hubo violación a la legislación vigente.
Durante la conferencia matutina de este viernes, Claudia Curiel explicó que el evento organizado por la FIFA tuvo como objetivo promover a México como sede del Mundial de Futbol 2026.
Indicó que la reunión reunió a más de 200 representantes de distintos países y permitió dar visibilidad internacional al país.
La funcionaria señaló que el pago realizado por la FIFA corresponde al concepto de «Pago de derechos por uso», mecanismo que, aseguró, está contemplado en la normatividad aplicable.
Precisó que el monto fue de un millón 300 mil pesos y reiteró que el procedimiento se realizó conforme a la ley.
Curiel sostuvo que el uso del Castillo de Chapultepec se justificó dentro de un esquema de diplomacia cultural impulsado por el Gobierno de México.
Denuncia por la renta del Castillo de Chapultepec no procede, afirma Cultura
La secretaria de Cultura respondió a las críticas que surgieron tras la cena privada organizada por la FIFA el pasado 10 de junio.
El evento fue encabezado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.
Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia anunciaron que presentarían una denuncia contra los responsables de autorizar el uso del inmueble histórico.
Sin embargo, Claudia Curiel aseguró que el director del INAH ya dialogó con los inconformes y sostuvo que la denuncia carece de sustento legal.
La funcionaria afirmó que no existe violación a ninguna ley porque el evento se desarrolló mediante un permiso con pago de derechos.
Agregó que, pese a ello, las inconformidades serán revisadas por el área jurídica correspondiente.
Sheinbaum aclara que la denuncia es administrativa
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el caso durante la conferencia matutina.
Explicó que la denuncia anunciada tiene carácter administrativo y no penal.
Añadió que únicamente si existiera una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República correspondería iniciar una investigación penal.
La mandataria recordó que días antes ya había explicado que su participación en el evento se limitó a dar un mensaje de bienvenida.
También reiteró que no asistió a la cena privada organizada por la FIFA.
Asimismo, señaló que el Castillo de Chapultepec puede ser rentado desde hace varios años bajo los procedimientos establecidos.
Investigadores solicitan investigar el uso del inmueble histórico
Esta semana, el historiador Felipe Echenique y el antropólogo Juan Manuel Sandoval solicitaron a la Fiscalía General de la República investigar a quienes autorizaron el evento.
Los especialistas consideran que la realización de una cena privada en el Castillo de Chapultepec pudo contravenir diversas disposiciones legales.
Entre ellas mencionan la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la Ley Federal de Derechos.
La denuncia también cuestiona que un recinto considerado patrimonio histórico haya sido utilizado para un evento privado relacionado con la FIFA.
Hasta el momento, las autoridades federales sostienen que el procedimiento fue legal y que el pago correspondiente se realizó conforme a la normativa vigente.
La polémica por el uso del Castillo de Chapultepec continúa mientras investigadores mantienen sus cuestionamientos y la Secretaría de Cultura insiste en que el procedimiento fue completamente legal. El caso podría seguir su curso en las instancias administrativas correspondientes, aunque el Gobierno federal sostiene que no existen elementos para considerar que hubo una violación a la ley.
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