Filiberto Cruz MonroyLa organización Defensorxs, liderada por el abogado Miguel Alfonso Meza, destapó un escándalo: siete candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) tienen presuntos vínculos con el crimen organizado o historiales de violencia de género. Entre los señalados están Fernando Escamilla Villarreal, abogado de capos como El Z40, y Andrés Montoya, ligado a la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota. «No podemos permitir que estas candidaturas manchen la justicia», advierte Meza.
De abogados de narcos a candidatos: los casos más escandalosos
* Fernando Escamilla: Defendió a Miguel Ángel Treviño Morales (Z40) y a Eleazar Medina Rojas (El Chelelo). Condenado por portación ilegal de arma.
* Andrés Montoya: Exadministrador penitenciario en Sonora y última persona en ver con vida al periodista Jiménez Mota, desaparecido en 2024.
* Jesús Humberto Padilla: Detenido en Nuevo León con 15 bolsas de cristal y un arma.
Violencia de género en la boleta
Tres candidatos enfrentan denuncias por acoso y abuso sexual. Uno de ellos, Francisco Martín Hernández Zaragoza, fue destituido en 2015 por abuso sexual, pero el Comité de Evaluación del Legislativo aprobó su postulación. «Es inaceptable que sancionados por violencia lleguen a la boleta», denuncia Meza.
Defensorxs vs. INE
El próximo lunes, Defensorxs presentará una queja formal ante el INE para exigir la cancelación de estas candidaturas antes del 2 de junio de 2025. Según Meza, la ley permite al INE retirar perfiles sin «buena reputación» o con antecedentes penales. Si el INE no actúa, la organización recurrirá a un juicio electoral para invalidar las candidaturas.
Desde 2024, Defensorxs movilizó a cientos de voluntarios para rastrear candidaturas sospechosas. Su próximo proyecto: un micrositio público que expondrá los perfiles de riesgo, con investigaciones detalladas sobre vínculos criminales y violencia de género. «La ciudadanía no puede quedarse callada», afirma Meza.
Prospectiva:
Si el INE ignora las denuncias, México podría enfrentar una crisis de legitimidad judicial sin precedentes. Jueces vinculados al crimen o con historiales de violencia generarían desconfianza en las instituciones y normalizarían la impunidad. Pero si Defensorxs triunfa, sentará un precedente para futuras elecciones: la transparencia y la ética serán no negociables. El 2 de junio no solo se votará por cargos, sino por el alma de la justicia mexicana.