Corte Suprema permite operación del INAI: Resolución y Perspectivas

Por Redacción
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), permitiéndole operar con cuatro comisionados y resolver más de 8 mil asuntos pendientes. El proyecto del ministro Javier Laynez fue aprobado con tres votos a favor y uno en contra, lo que permitirá al INAI operar de manera temporal después de cinco meses de inactividad debido a la falta de quórum. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la Corte y afirmó que, a pesar de que la ley establece un mínimo de cinco comisionados, respetará la determinación.

Reacción ante la decisión y llamados a la reducción del presupuesto judicial

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, celebró el fallo y destacó su importancia para respetar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Sin embargo, subrayó que están a la espera de las definiciones del Senado para concretar las designaciones pendientes, tras 145 días de inactividad. Senadores de la oposición celebraron la resolución, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, insistió en la necesidad de discutir temas pendientes en consenso. Además, el presidente López Obrador respaldó la propuesta de reducir el presupuesto del Poder Judicial en 2024, pero con suficientes recursos para asegurar los procesos legales, enfatizando en la eliminación de gastos superfluos.

Perspectiva sobre el INAI y ajuste presupuestario

El presidente López Obrador expresó su opinión crítica sobre los organismos como el INAI, que según él representan una carga significativa para el presupuesto federal. Aunque no propuso su desaparición, enfatizó que los integrantes deben reducir sus salarios y gastos. En cuanto a la propuesta de reducción presupuestaria del Poder Judicial, López Obrador respaldó la idea, pero instó a mantener la capacidad de cumplir con los procesos judiciales esenciales y eliminar los «privilegios» excesivos. La propuesta sugiere un ajuste de hasta 25 mil millones de pesos y una reasignación de recursos para reducir la pobreza.

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