RedacciónLa Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial, al determinar por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) «no autoriza al presidente a imponer aranceles», en una decisión que obligará al gobierno a reembolsar más de 175 mil millones de dólares recaudados bajo esa figura legal.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió que la interpretación de la administración Trump sobre la ley en cuestión invadiría las competencias del Congreso y violaría un principio jurídico denominado doctrina de las «cuestiones importantes». Esta doctrina, defendida por los jueces conservadores, exige que las acciones del poder ejecutivo que tengan «una gran importancia económica y política» estén claramente autorizadas por el Congreso, un estándar que los aranceles unilaterales de Trump no cumplieron.
Esta decisión se refiere específicamente a los derechos de aduana presentados como «recíprocos» por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio, que fueron impuestos bajo otras leyes no cuestionadas en este caso. El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, quien citó una sentencia anterior, escribió en la opinión mayoritaria que «el presidente debe ‘apuntar a una autorización clara del Congreso’ para justificar su extraordinaria afirmación del poder de imponer aranceles», y añadió de manera contundente: «No puede hacerlo».
La decisión de la Corte Suprema de frenar los aranceles de Trump representa un revés significativo para la estrategia económica del mandatario republicano, quien ha utilizado los aranceles —impuestos sobre los productos importados— como una herramienta clave de política económica y exterior. Han sido fundamentales en la guerra comercial mundial que comenzó tras su segundo mandato como presidente, que ha alejado a socios comerciales tradicionales, ha afectado a los mercados financieros y ha provocado incertidumbre económica a nivel global.
La Corte Suprema llegó a su conclusión tras una impugnación legal presentada por empresas afectadas por los aranceles y doce estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos gobernados por demócratas, contra el uso sin precedentes de la IEEPA por parte de Trump para imponer unilateralmente impuestos a la importación sin la aprobación del Congreso. Se preveía que los aranceles de Trump generarían en la próxima década billones de dólares en ingresos para Estados Unidos, la mayor economía del mundo, aunque el gobierno no ha facilitado datos oficiales sobre la recaudación desde el 14 de diciembre.
Sin embargo, economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron el viernes que la cantidad recaudada en concepto de los gravámenes basados en la IEEPA ascendía a más de 175 mil millones de dólares. Tras la sentencia de la Corte Suprema, es probable que esa cantidad tenga que ser reembolsada a las empresas e importadores que pagaron estos aranceles, lo que representará un desembolso millonario para el gobierno federal y un alivio significativo para los sectores afectados.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para imponer impuestos y aranceles. Sin embargo, Trump recurrió a una autoridad legal al invocar la IEEPA para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso. La IEEPA permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional, pero la Corte determinó que esta facultad no se extiende a la imposición de aranceles generalizados.
Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles, una de las muchas formas en las que ha ampliado agresivamente los límites de la autoridad ejecutiva desde que volvió al cargo en ámbitos tan variados como la represión de la inmigración, el despido de funcionarios de agencias federales, los despliegues militares nacionales y las operaciones militares en el extranjero. Esta tendencia a expandir el poder presidencial ha sido objeto de numerosas demandas y críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y expertos constitucionales.
Trump ha impuesto más aranceles en virtud de otras leyes que no son objeto de debate en este caso. Según los datos del gobierno de octubre a mediados de diciembre, estos representan aproximadamente un tercio de los ingresos procedentes de los gravámenes del mandatario republicano, por lo que la decisión de la Corte no afecta la totalidad de su política arancelaria, pero sí elimina uno de sus pilares fundamentales.
Trump describió los aranceles como vitales para la seguridad económica de Estados Unidos, prediciendo que sin ellos el país estaría indefenso y arruinado. En noviembre, Trump dijo a periodistas que sin sus aranceles «el resto del mundo se reiría de nosotros porque ellos han utilizado aranceles contra nosotros durante años y se han aprovechado de nosotros». Señaló que Estados Unidos era objeto de abusos por parte de otros países, entre ellos China, la segunda economía más grande del mundo, en un discurso que resonó fuertemente entre su base electoral.
La reacción en los mercados financieros no se hizo esperar. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos se dispararon tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, en una muestra de alivio por parte de los inversionistas que habían visto con preocupación la escalada arancelaria y sus efectos en las cadenas de suministro globales. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron ganancias superiores al 2 por ciento en la jornada del viernes.
Sobre el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó que lo revisarán y luego darán su posicionamiento oficial. «Vamos a revisar bien la resolución y con gusto damos nuestra opinión», dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, evitando profundizar en el tema hasta tener un análisis completo de las implicaciones para México, uno de los países más afectados por las políticas arancelarias de Trump debido a su integración comercial a través del T-MEC.
El fallo de la Corte Suprema representa un momento histórico en la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en Estados Unidos, al reafirmar la autoridad del Congreso en materia comercial y establecer límites claros a la capacidad del presidente para actuar unilateralmente en asuntos de gran importancia económica. La decisión también envía un mensaje a futuras administraciones sobre la necesidad de respetar los equilibrios constitucionales, incluso en tiempos de emergencia nacional declarada.
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