Mayte BarriosLa Suprema Corte de Estados Unidos avaló la ley SB4 que permite al estado de Texas cumplirla, esta ley otorga a la policía local el poder de arrestar a migrantes. La decisión fue tomada por mayoría conservadora, con 3 jueces liberales en desacuerto, únicamente un día después de haberla frenado.
La administración del presidente Biden había presentado una solicitud de emergencia para detener la SB4, pero fue rechazada, lo que significa que la ley puede entrar en vigor aun cuando hay litigios en tribunales inferiores. Todavía existe la posibilidad de que sea bloqueada en el futuro.
La SB4, permite que la policía arreste a migrantes que crucen ilegalmente la frontera desde México e impone sanciones penales, incluida la posibilidad de deportación a México por orden de jueces estatales.
La procuradora general Elizabeth Prelogar argumentó en documentos judiciales que la ley de Texas es «rotundamente inconsistente». Sin embargo, el tribunal de apelaciones no explicó su razonamiento para permitir que la ley entrara en vigor. En respuesta, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, defendió la SB4 argumentando que complementa la ley federal y que el estado debería tener la autoridad para hacerla cumplir.
La decisión de la Corte Suprema ha generado un intenso debate sobre la autoridad de los estados para legislar sobre migración, un tema que tradicionalmente ha sido competencia del gobierno federal en Estados Unidos. Esta medida de la Corte Suprema ha reavivado el debate sobre la política migratoria en el país y ha puesto de relieve las tensiones entre las autoridades federales y estatales en este ámbito.
El gobernador de Texas, Greg Abbott dijo que la ley era necesaria debido a que Biden no hizo cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reingreso ilegal, y dijo en una conferencia de prensa el 18 de diciembre que «la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte».
La ley de Texas convirtió la entrada o reingreso ilegal a Texas en un delito estatal, con penas que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión.