Rodrigo MeloPara sorpresa de nadie, Rubén Rocha Moya volvió hoy a la gubernatura de Sinaloa. Lo hizo, en sus palabras, “con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”. La frase es suya y conviene guardarla, porque en política ese tipo de declaraciones suelen envejecer rápido y mal.
Recapitulemos, porque la novela tuvo varios capítulos. El 1 de mayo, Rocha pidió licencia al Congreso de Sinaloa luego de que una corte del Distrito Sur de Nueva York lo incluyera en una lista de diez mexicanos señalados por presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos en el trasiego de drogas. Ciento doce días después, regresa amparado en que la Fiscalía General de la República, esa que dirige la close friend de la presidenta, Ernestina Godoy, determinó que no existen los mínimos elementos de prueba en su contra. Es decir, lo investigó el mismo gobierno al que pertenece, y el mismo gobierno concluyó que no hay nada que ver. Un modelo de imparcialidad difícil de superar.
Lo que nadie ha explicado con claridad es qué pasó con la investigación del otro lado de la frontera. Porque una cosa es que la FGR lo exonere en México y otra muy distinta es que la acusación estadounidense se haya evaporado. Sobre eso, silencio. Y el silencio coincide, con una puntualidad que da para especular, con el mejor momento de Omar García Harfuch en su relación con Washington. Apenas esta semana, en la conferencia antidrogas de la DEA en Buenos Aires, el director de la agencia, Terry Cole, describió al secretario de Seguridad mexicano como “un socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”. Harfuch, ungido por la DEA el 20 de agosto; Rocha, de vuelta en su despacho el 21. Cada quien saque sus cuentas. Nadie afirma que una cosa dependa de la otra, pero la coreografía es notable.
Conviene recordar de qué está hecho el expediente que ahora se declara vacío. La historia arranca el 25 de julio de 2024, el mismo día en que el Mayo Zambada apareció, contra su voluntad, en una pista de El Paso, Texas. Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fundador del Partido Sinaloense y rival político de Rocha durante años. La primera versión oficial, cortesía de la Fiscalía estatal, fue que Cuén había muerto en el asalto a una gasolinera. Incluso difundieron un video para sostenerlo. La versión se derrumbó cuando el propio Zambada, desde su carta, contó que Cuén fue asesinado en la misma finca donde a él lo secuestraron, en una reunión que tenía que ver con la disputa por la universidad. Una fiscal estatal renunció, la FGR atrajo el caso, y lo que se había vendido como robo de gasolinera resultó ser otra cosa. Cuando la primera explicación de un crimen político es tan burda, el problema deja de ser el crimen y pasa a ser quién necesitaba esa explicación.
La FGR sostiene que el homicidio de Cuén no guarda relación con las acusaciones estadounidenses contra Rocha. Puede ser. Pero que ambas investigaciones existan, que ambas apunten al mismo periodo y al mismo estado, y que ambas se resuelvan o se archiven en favor del mismo hombre, es una casualidad que exige, cuando menos, curiosidad periodística.
Y mientras la novela judicial se resuelve sola, queda la pregunta que casi nadie hace: ¿y Sinaloa? El estado pasó ciento doce días con un gobernador en pausa, una sustituta interina y una clase política local que prefirió administrar la coyuntura antes que exigir cuentas. Era el momento perfecto para plantear un relevo, para pedir que la entidad no quedara rehén de la situación judicial de una sola persona. No pasó. La benevolencia hacia Rocha fue unánime y silenciosa, como si el cargo le perteneciera más a él que a los sinaloenses que lo eligieron.
La duda de fondo es qué sabe Rocha, y de quién, para haber merecido tanta paciencia institucional. Un gobernador señalado por una corte extranjera, ligado por cercanía a uno de los crímenes políticos más turbios de los últimos años, regresa al cargo como si volviera de unas vacaciones. No renunció, no fue destituido, no enfrentó proceso. Se tomó cuatro meses, esperó a que amainara, y volvió.
Vienen las elecciones intermedias de 2027. Y a más de uno en Morena le convendría que este capítulo se olvidara mucho antes de que instalen las urnas. El problema es que los expedientes, a diferencia de los gobernadores, no piden licencia.
Rodrigo Melo Castro